A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no los convocó como a los gobernadores de las entidades federativas a la firma del “Acuerdo Nacional por la Democracia” en Palacio Nacional, para el próximo proceso electoral del 6 de junio, los integrantes del Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdova, se llevaron lo suyo al ser advertidos por el propio mandatario de que “tienen que hacer su trabajo como corresponde y no hacerse de la vista gorda con los fraudes electorales, como lo hacían en el pasado”.
“Que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas; que no se compre con dinero el voto; que no se amenace; que no se condicionen los programas sociales al voto; que no haya carrusel; urnas embarazadas; que ya no voten los finados y que no se falsifiquen las actas”, dijo, que es justamente de lo que son acusados todos ellos.
DE ESTO Y DE AQUELLO...
Ahora fue el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, Rodrigo de la Peza López Figueroa, el que concedió 11 suspensiones definitivas a la reforma eléctrica, en tanto su colega Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo, resolvió otras seis en el mismo sentido, con lo que suman hasta ahora 29 de las 33 demandas de amparo que en total recibieron ambos.
Esas suspensiones definitivas dejan sin efecto la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión, hasta que el Tribunal Colegiado de Circuito, especializado en la misma materia, emita una resolución o el caso sea resuelto en la Suprema Corte de Justicia, a la que el Ejecutivo federal anticipó que recurrirá si es declarada inconstitucional.
Por cierto que ante el “tsunami de amparos” contra esa ley, previsto por distintos dirigentes empresariales, ¿qué dirá Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena y flamante presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que en febrero pasado aseguró que “no habría ningún tipo de controversia constitucional porque todo el proceso legislativo se hizo con estricto apego a la ley”?
Mientras en México es tratado como un “importante empresario” y que por orden superior fue recibido por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, el presunto o real líder de la “mafia rumana”, Florian Tudor, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito a turistas en Quintana Roo, donde reside, y en otros destinos de veraneo en México y Europa, un Tribunal de Bucarest giró orden de aprehensión en su contra, acusado de “intento de asesinato y chantaje” y de encabezar un grupo delictivo.
Luis Donaldo Colosio: ayer, 27 años de su ejecución en Lomas Taurinas.
