Poco sentido tiene disputar el estatus de crisis migratoria a lo que sucede en ambos polos de la frontera mexicana, el del sur y el del norte. Hay breves momentos de distensión que crean la apariencia de una merma o una contracción del éxodo, pero que, en tres o cuatro meses, son rebasados por una nueva acumulación de migrantes irregulares en Tapachula o el Río Bravo.
En octubre del año pasado, cuando todavía gobernaba Donald Trump, se formó una caravana de varios miles provenientes del Triángulo Norte centroamericano. En enero de este año, con Joe Biden en la Casa Blanca, hubo otra y en los próximos días veremos la tercera en menos de un año. Las caravanas son apenas la superficie de un flujo irregular constante que no logra ser detenido ni por las políticas republicanas de mano dura ni por las más humanitarias de la nueva administración.
Como bien ha reconstruido Jorge Durand en La Jornada, las cifras de migrantes centroamericanos y mexicanos muestran una tendencia creciente en el último año. En mayo de 2020, la patrulla fronteriza retuvo a unos 100 mil migrantes, una cifra demasiado elevada para el efecto disuasorio de las políticas punitivas de Trump. Según Durand, en marzo de este año el numero de migrantes retenidos podría estar rondando los 170 mil, casi el doble.
Es difícil determinar qué tanto de ese aumento responde a la oferta de mayor flexibilidad fronteriza por parte del gobierno de Joe Biden o al costo social de la crisis sanitaria y económica que afecta a toda la región. El hecho de que la propia migración mexicana crezca tiene que ver con la pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones de vida en sectores vulnerables.
Las señales del agravamiento de la crisis migratoria son múltiples. La delegación de alto nivel, encabezada por la exembajadora en México, Roberta Jacobson, que envió el gobierno de Estados Unidos a la cancillería mexicana hace un par de semanas, es una de ellas. Otra, no menos importante, es la designación de la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de un plan integral para tratar el tema migratorio en Centroamérica y México.
Si ese plan no incluye transferencia de recursos para el desarrollo regional o condiciona políticamente la ayuda, difícilmente dará resultados en el corto plazo. Algunos gobiernos podrían abanderarse con el argumento de la soberanía y entorpecer la concertación de políticas en una región que, como se observa en la composición demográfica del flujo, cada vez participa más de la crisis en su conjunto.
Otros síntomas del escalamiento del conflicto están relacionados con el aumento de la violencia. El asesinato de la joven salvadoreña, Victoria Esperanza Salazar Arriaza, a manos de la policía de Tulum, o las constantes noticias de guatemaltecos baleados en ciudades fronterizas, del sur o del norte, dan cuenta de un peligroso ascenso de la xenofobia, el racismo y la misoginia en toda la ruta que va de Centroamérica a Estados Unidos.
