Tener a militares en el gobierno, con una fuerte independencia económica y política del resto de la sociedad y actuando en un Estado con pocas o nulas instituciones democráticas, es una combinación para el desastre. Actualmente, Myanmar se está acercando al abismo de una posible guerra civil y los responsables son los militares, que han dado un golpe en la mesa cuando vieron que su poder se encontraba bajo amenaza.
En las últimas semanas se han repetido múltiples y trágicos episodios de ciudadanos que han salido a las calles de Myanmar para protestar contra el golpe de Estado que los militares dieron desde el 1 de febrero, pero que se han encontrado con la represión y violencia que, de acuerdo con diversas organizaciones internacionales, han costado la vida al menos a 550 personas. En un solo día de la semana pasada, al menos 114 civiles fueron asesinados mientras la junta militar que gobierna Myanmar se congratulaba a sí misma celebrando el día de las fuerzas armadas.
Los militares realmente nunca han dejado de tener poder en Myanmar, pues desde que se independizaron de los británicos en 1948, y salvo un breve periodo entre 2015 y 2021, han mantenido el control de prácticamente todas las instituciones del país, tanto económicas, como políticas. Sin embargo, eventualmente el régimen también comenzó a cosechar los frutos de la globalización y el crecimiento económico. Para insertarse en el comercio mundial, fue necesario realizar diversos cambios y avances, pues requerían deshacerse de las sanciones y restricciones económicas que diversas potencias habían establecido debido a la falta de democracia y garantías en el país. Fue en este proceso que los militares iniciaron un camino hacia una “democracia disciplinada”, en la que permitirían abrir el juego democrático, siempre y cuando el Tatmadaw, como se conoce localmente a los militares, pudiera mantener su poder, riqueza e influencia. Por ejemplo, definieron que una cuarta parte de los asientos del poder legislativo no se elegirían, sino que serían permanentemente de los militares.
Sin embargo, con la apertura de la competencia electoral, rápidamente los militares fueron rebasados por otras fuerzas democráticas, y sólo quedaron los viejos mecanismos de influencia que mantenían, como la tradición de que todos los militares que deseaban salir del servicio automáticamente se incorporaban al gobierno en un puesto dependiente de su rango (los generales usualmente saltaban en automático a secretarías de Estado, por ejemplo). Una parte de esos privilegios fueron amenazados por los partidos que triunfaron en 2015 y lo hicieron nuevamente en 2021, ante lo cual, los militares decidieron dar marcha atrás y recuperar el poder.
La violencia que han desplegado para reprimir a sus habitantes ya ha sido vista antes (en las protestas que hubo en 1988, sin ningún empacho asesinaron a alrededor de 3 mil personas), pero la diversidad de actores que han levantado la voz y la intensidad de sus reclamos después de haber vivido unos pocos años en una democracia imperfecta, abren la puerta a que, si los militares deciden aferrarse al poder, pueden incitar a una guerra civil con pronóstico reservado. Los militares en el poder difícilmente se llevan bien con la democracia.