La búsqueda por la gubernatura en Chihuahua ha sido de lo más violenta, pero lo que llama la atención es que esa disputa no se libra contra partidos rivales, sino dentro del mismo PAN.
El actual gobernador panista Javier Corral buscaba imponer como candidato a la gubernatura a un hombre muy cercano a él, Gustavo Madero, a pesar de que las encuestas internas daban a María Eugenia Campos Galván el triunfo.
Corral buscaba darle continuidad a su plan de gobierno con Madero, y tuvo que aceptar los resultados de las encuestas. Maru Campos se convirtió, con todo su pesar, en la candidata de su partido.
Maru Campos ha sido señalada por Corral por desvíos de recursos públicos. Los señalamientos del Gobierno de Chihuahua no es un proceso nuevo, vienen desde la campaña de Maru Campos a la Alcaldía de la capital del estado en 2016, cuando ganó la elección.
Hoy, María Eugenia Campos, candidata por la coalición PAN y PRD, es acusada por la fiscalía estatal del delito de cohecho pasivo.
Ella asegura que se trata de “ataques orquestados desde las oficinas del actual gobernador, Javier Corral”, quien llegó al cargo a través del mismo partido, pero, de acuerdo con la propia Maru Campos se trata de “una persecución política para entregar la entidad al partido de Morena”.
Javier Corral insiste en que la candidata ha desviado recursos estatales y que debe estar en la cárcel. El pasado 1 de abril, cinco días antes de empezar la campaña electoral, Campos recibió la vinculación a proceso por recibir más de 9 millones de pesos del exgobernador priista César Duarte, a través de la llamada "nómina secreta".
Un juez del fuero común aceptó como auténticos los 34 recibos, presuntamente firmados por Maru Campos, para recibir dinero del erario del estado. El recurso, dicen, le era entregado en efectivo en el estacionamiento de la Secretaría de Hacienda, en el edificio Héroes de Reforma.
Y en la lectura del expediente 2821/2020, mientras se lleva el proceso, un juez determinó retener el pasaporte de la candidata, se le prohibió salir del país, pagar una fianza de 500 mil pesos y no acercarse a los testigos del caso.
Y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y determinó que hay datos de prueba suficientes para continuar una investigación contra ella y dos exlegisladores: Rodrigo de la Rosa y María Ávila Serna.
En la audiencia se desestimó un video presentado por la defensa, en el cual aparece el notario Luis Raúl Flores, con el cual se trataba de poner en duda la copia de los certificados.
Por su parte, la candidata insistió en que la vinculación a proceso en su contra “no significa culpabilidad, ni que pese sobre ella alguna sentencia”, por lo que sus derechos se encuentran a salvo.
Con todo y la vinculación a proceso, Campos no pierde sus derechos ciudadanos a votar y ser votada, pero sí se ha orquestado desde el área de Comunicación Social del gobierno del estado, boletines de prensa, violando el debido proceso y la presunción de inocencia en el proceso judicial.
Arropada por la dirigencia
Campos asegura tener confianza en el sistema judicial, aclaró que “esto de ninguna manera altera el trato de presunción de inocencia que se debe guardar sobre mi persona” y ha insistido en que apenas comienza el proceso formal de investigación, y pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones.
Incluso ha señalado ser víctima de violencia de género electoral, al ser atacada desde el gobierno estatal, con acusaciones que no han sido comprobadas, con una audiencia que en cinco ocasiones tuvo que ser postergada.
Mientras que la defensa de Maru Campos señaló que tras los testimonios quedó en evidencia la falsedad y fabricación de pruebas para la persecución política, así como la falta de cumplimiento del Ministerio Público con principios básicos del debido proceso, como es el hecho de otorgar el nivel de testigo protegido a personajes que confesaron la comisión de delitos y, sin embargo, no enfrentan ninguna acusación en su contra y no cuentan con algún criterio de oportunidad.
La defensa reiteró que Campos Galván no aprobó la creación de la empresa Fibra Estatal Chihuahua S.A. de C.V. Señaló que contrario a lo asegurado por el Ministerio Público, no era posible que su representada hubiera aprobado el desvío de recursos ya que, en el momento del delito, no era diputada.
En la lista de irregularidades denunciadas por los abogados defensores está la constante negativa del Ministerio Público para entregar completa la carpeta de investigación.
La negativa de la Fiscalía para dar acceso a evidencias que se encontraban en sobres cerrados, la entrega incompleta del expediente en diversas ocasiones.
El ocultamiento de pruebas, aun después de maratónicas sesiones de cotejo del expediente, y la incorporación sin metodología adecuada de diversos elementos de prueba como cheques, pólizas, carta portes y supuestos recibos bancarios.
La contaminación de pruebas, la utilización de copias simples, la utilización de argumentos falsos con la intención de confundir y calumniar, así como la utilización de testimonios de personajes señalados como testigos protegidos tras confesar delitos, no ser señalados por ellos y sin criterios de oportunidad.
Y es que desde las oficinas de Comunicación Social del gobierno de Chihuahua, se ha dado a conocer parte de los testimonios, quienes describieron cada una de las distintas entregas que entre 2014 y 2015 se realizaron a la alcaldesa con licencia, cuando fungía como subcoordinadora de la fracción panista en el Congreso del Estado. Pero no se dan a conocer las pruebas que ha presentado la candidata.
Actualmente, Maru Campos cuenta con una buena aprobación, según varias encuestas. Tiene el apoyo del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional y de su presidente nacional, Marko Cortés, quien asegura que Maru lleva la delantera de 3 a 1 frente a morena en el arranque del proceso electoral.
En tanto, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, expresó su completa solidaridad a “Maru” Campos y condenó una persecución política.
Mientras que Movimiento Ciudadano anunció que impugnará la candidatura de la panista, con el argumento de que “incumple con el requisito de tener un “modo honesto de vivir”.
Campos pide que se presenten pruebas en su contra, porque ya está cansada que la difamen. Y es que, como alcaldesa de chihuahua, su municipio obtuvo calificación de triple A por Fitch Ratings. Tuvo el primer lugar de transparencia en el reporte realizado por Coparmex… y ha recibido buenas críticas por el sistema de seguridad pública implementado.
Y así en medio de la batalla legal, Maru Campos comenzó su campaña electoral este domingo 4 de abril, realizó un mitin en Plaza Mayor, en la capital de la entidad, donde busca concentrar la mayor de su fuerza política.
El desenlace del proceso judicial no lo sabremos hasta pasada la campaña electoral, en donde se definirá si María Eugenia Campos Galván es la gobernadora de Chihuahua, y de eso también depende el futuro político del gobernador Javier Corral.
