Me cuentan autoridades ambientales del Gobierno federal, que el sureste del país se enfrenta a un bombardeo de cambios en la materia, principalmente por la infraestructura que durante este sexenio se está impulsando, o mejor dicho se está intentando impulsar, como si se tratara de meter un zapato a la fuerza.
Hay una lluvia de manifestaciones de impacto ambiental por la infraestructura que se construye actualmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. La modernización de vías de comunicación y la construcción de otras, se están echando a la suerte.
Sólo hay que recordar que además del Tren Maya, del que ya hemos dado suficiente cuenta en este espacio, también está el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que según el Gobierno federal, busca atender el rezago económico y social en 79 municipios: 46 pertenecientes al estado de Oaxaca y 33 al de Veracruz.
Y estas manifestaciones en la mayoría de los casos carecen de todo, principalmente, del rigor científico que debería de tener la creación de un solo paso de fauna o el cambio de ubicación de un solo nido.
Incluso se habla de un estilo que ha caracterizado a los permisos que se han otorgado en lo que va del sexenio en esta materia: primero se da una revisada por debajo del agua para advertir las deficiencias con las que cuenta el terreno, y después -una más formal- para cuadrarlas.
Dentro de la vorágine de cambios que se están impulsando desde la administración del Presidente López Obrador, está claro que el impacto en el medio ambiente será tremendo. Los científicos que, como funcionarios, están recibiendo y revisando estos permisos para construir un camino o modernizar una carretera, coinciden en que habrá una gran transformación en los estados del sureste, tristemente para mal.
Las reservas naturales que aún son el tesoro de México, están siendo comprometidas por la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura que tienen poca o nula viabilidad. A ver si con esto, no acabamos matando a nuestra gallina de los huevos de oro.
En el baúl. ¿Se acuerdan del fiscal de Coyoacán, Pedro Abelardo Faro Padrón, quien fue destituido por brincarse la fila de la vacuna contra el Covid-19? Pues sería bueno que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y el recién nombrado alcalde de Coyoacán, Rigoberto Ávila, revisaran de nuevo las listas de vacunados.
Y es que me dicen mis fuentes en estas cloacas, que junto con el nombre del fiscal, seguro encuentran a otros que se saltaron la fila, como Antonio Lemus, director de Protección Civil; Carlos Caire, subdirector de administración; Iris Achá, directora de modernización; Olivia Betancourt, coordinadora de derechos humanos; y Patricia Flores, subdirectora de derechos humanos. Ninguno mayor de 60 años. Cómo diría mi abuela Dondinéa “hay maderas que no agarran el barniz” y lo bueno es que la corrupción, como por arte de magia, ya se había terminado.