Aun bajo un éxito inusitado al 100% en que la terminal aérea de Santa Lucía, Felipe Ángeles, llegase a realizar aterrizajes y despegues en la misma cuantía que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo de Jesús Rosano, en términos operativos el proyecto quedará -65% lejos de los alcances que habría tenido el cancelado NAIM en Texcoco… incluso el sistema de aeropuertos habrá quedado corto en la relación costo/beneficio.
El pasado fin de semana, la comidilla en redes sociales y medios de comunicación fue el logotipo oficial que tendrá la obra que se edifica en Santa Lucía. Más allá de la chunga y el cotorreo, el asunto de fondo —y que implica varios cientos de miles de millones de pesos amén de la conectividad aérea del Valle de México— es la eficiencia con que el aeropuerto Felipe Ángeles dotará vuelos seguros a la región más densamente poblada del país. Vaya, el proyecto en construcción contempla 100 mil operaciones (aterrizajes y despegues) anuales en su etapa madura, es decir un 10% del millón de operaciones para los que se diseñó el NAIM.
De acuerdo a las primeras estimaciones al interior del gobierno federal, si en Santa Lucía se logra ampliar la capacidad a 350 mil operaciones anuales —alcanzando el mismo nivel que en su tope logró el AICM— se totalizarán 700 mil operaciones que estarían -30% por debajo del emplazamiento en Texcoco. En la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) hay quienes desean agregar 150 mil operaciones en Toluca, estación a cargo de Luis Bertrand, pero que aún en sus mejores tiempos sólo logró 28 mil operaciones anuales.
Y aun así, en un modelo ideal de éxito inusitado de 850 mil operaciones anuales, la “corona aeroportuaria” de la CDMX (Toluca y Santa Lucía) quedaría corta en eficiencia -15% respecto a Texcoco. Habría que sumar a ello costos directos y financieros.
CCE, Salazar 2022. Pues de la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial del pasado fin de semana en Puerto Vallarta, trascendió que el acuerdo entre los representantes del sector privado fue aprobar que Carlos Salazar Lomelín repita un nuevo periodo, hasta 2022. Las diferencias en percepción y formas de actuación político-empresarial, nos dicen, estuvieron al orden del día; sin embargo, se acordó mantener la actual estructura de vicepresidencias en el CCE a fin de mantener la agenda específica de sectores en un 2021 que pinta tan complicado como 2020. Entre los temas calientes de corto plazo que se examinaron fueron las fuertes complicaciones laborales que provocaría el acuerdo sobre outsourcing que la cúpula de la IP aceptó pactar con el Gobierno federal.
Mediciones de otoño. Por cierto, hay quienes opinan que el AIFA sólo agregará 20% de operaciones más al AICM, o sea 70 mil vuelos anuales, esto por la “interacción” que tendrán ambos aeropuertos. Es probable que en octubre próximo la AFAC, a cargo del general Carlos Rodríguez Munguía, publique una aproximación de “vuelos en interacción” obtenidos a partir del modelo PBN que vendió al Gobierno NavBlue, que lleva Fabrice Hammel, y ello determine las restricciones a vuelos seguros en la región; ello arrojará una estimación de la eficiencia esperada del AIFA que, por supuesto, luego habrá que experimentar tal y como sucede con el actual y ruidoso rediseño del espacio aéreo del Valle de México.
Tulum, la victoria de Victoria. Siendo Tulum el “destino de oro” para el turismo en México, resultó altamente positivo que Andrés Manuel López Obrador respaldase la decisión del gobernador Carlos Joaquín González para que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal -a cargo de Lucio Hernández- tomará el control total de la seguridad de municipio. Se trató del sano reconocimiento presidencial a las potestades de municipios y estados para garantizar la seguridad pública no sólo con órdenes y mando; también es la aceptación de que una preparación policiaca profesional -nutrida en la defensa de los derechos humanos- evitará multiplicar el dolor que sufrió Victoria Salazar y su familia.
