La reforma de la ley de hidrocarburos, en entredicho

ANTINOMIAS

Antonio Fernández Fernández
Antonio Fernández Fernández La Razón de México

“Ganamos justicia más rápidamente si

hacemos justicia a la parte contraria”

Gandhi

La cámara de diputados aprobó en lo general con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones la reforma a la Ley de Hidrocarburos, por la cual se modifican los artículos 51, 53 párrafo segundo, 56 fracción XI y 57, y se adicionan, la fracción tres al artículo 51, la fracción trece al artículo 56, el artículo 59 bis y un párrafo a la fracción segunda del articulo 86.

La Cámara de Diputados dejó para la discusión posterior diversas reservas a la ley, pero nuevamente, al igual que con la reforma energética, generó gran discusión por el cambio de paradigma de la ley, y por trastocarse principios constitucionales.

En las consideraciones para la reforma se señaló que se pretende obtener el máximo factor de producción de hidrocarburos y petrolíferos, garantizando el suministro de los mismos, para alcanzar la soberanía y seguridad energéticas y contribuir al desarrollo del país, así como dotar de certeza y seguridad jurídica.

Entre los puntos más importantes de la reforma se encuentran, el régimen de permisos para el manejo de los hidrocarburos, por lo que muchos especialistas temen genere escasez de combustibles, así como el aumento de los precios, además de continuar vulnerando la confianza de los inversionistas.

Aunado a lo anterior, con la reforma se pueden cancelar permisos otorgados con anterioridad, lo cual seria una aplicación retroactiva que atenta contra los principios constitucionales generando incertidumbre jurídica y seguramente una gran cantidad de amparos contra la reforma.

Por otro lado, la reforma no respeta los compromisos internacionales que México ha firmado, lo que también es violatorio de los tratados internacionales que jerárquicamente están por encima de la propia Ley de Hidrocarburos, permitiendo que se puedan interponer juicios de amparo, por lo que la Suprema Corte de Justicia nuevamente estará en tela de juicio y además con una gran carga de trabajo acumulada.

Una de las bondades que contempla la reforma es que se prevén medidas contra el comercio ilegal de combustibles, y que hasta ahora no se ha podido controlar, con ello seguramente se podrán revertir las grandes perdidas de ingresos que actualmente sufre el gobierno, pero por otro lado fortalece el monopolio de Pemex con lo que se da marcha atrás a la descentralización del mercado de hidrocarburos.

El problema que enfrentará la reforma a la Ley Energética será que al vulnerar derechos constituidos previamente y se aplique retroactivamente, los afectados se amparen contra la aplicación de dichas reformas, y con la seguridad de que les asisten las leyes pueden ganar los juicios. Por lo que la reforma en este punto no cumple con el cometido de brindar seguridad jurídica, sino por el contrario la pone en entre dicho, y lo que estamos viendo es que cada reforma aprobada desgasta, no solo al Congreso, sino a la Suprema Corte de Justicia y al propio gobierno, en esta ecuación todos pierden.

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