El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, como se lee, arriesga la esencia de la telefonía móvil y equipos inteligentes, radicando ésta en la confianza que depositamos en la ciberseguridad de los equipos, de los operadores, y en un manejo de datos personales que deben ser intachables.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea —nuevamente— un padrón, nos debe llevar a una reflexión madura y retroceder al debate del porqué este tema ha ido y vuelto sexenio tras sexenio.
Recordemos que el tema ha estado al menos desde hace 9 años en diferentes agendas legislativas de todos los partidos (la proactividad siempre ha sido liderada por quien sea el partido en el Gobierno), siendo la premisa fundamental encontrar la fórmula para evitar la extorsión telefónica desde los centros penitenciarios y tener herramientas efectivas frente al secuestro.
El punto delicado que nunca se ha logrado armonizar fue el derecho y la práctica, por un lado, sobre la obligación del Estado mexicano de tomar acciones para inhibir delitos telefónicos; el derecho de los usuarios de telefonía de no verse vulnerados en el manejo discrecsional de datos personales por parte de alguna autoridad e ir de la mano con los operadores de telecomunicaciones, para adaptar tecnologías viables para el bloqueo y rastreo de líneas telefónicas, que debemos ser enfáticos: tuviera elementos de certeza de estar involucradas en presuntos actos delictivos.
La cuestión ha sido llevada incluso a Consulta Pública, realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el año 2015, y el tema de fondo pudo encontrar solución si se instalaban buenos bloqueadores de señales en perímetros acondicionados en las cárceles, o si técnicamente fuera viable que los operadores generaran una sombra de señal en una superficie específica sin que esto afecte en general los servicios públicos de telecomunicaciones. Son cuestiones técnicas en las cuales se pudo haber partido en este reciente debate para encontrar un justo medio, sin vulnerar a nadie y teniendo una coordinación efectiva entre operadores y autoridades.
La confianza que tenemos depositada en nuestros teléfonos celulares va desde comunicaciones privadas que cruzan el espectro, transacciones bancarias y compras en establecimientos, por mencionar algunos, nuestros datos biométricos son la llave de entrada a infinidad de relaciones personales y comerciales; si esta relación se contamina con tener que brindarle nuestros datos biométricos a una autoridad, ante la historia que existe en México con su manejo, sería romper esta cadena de confianza y de productividad.
Sabemos del profesionalismo del IFT y sus comisionados; servidores especializados con buenas intenciones y ahora frente al mandato legal, seguro elaborarán lineamientos que complementarán la reforma en aras de proteger derechos fundamentales de la ciudadanía y del sector telecomunicaciones, para sumarlos a una estrategia de seguridad, que es lo que finalmente debió ser el espíritu de la reforma legal.
Esperemos que en las soluciones se involucre a todos. Recordemos que en el fondo, la razón es detectar al delincuente, pero sin matar al mensajero y su relación con los derechos humanos de los usuarios.