Hace unos días entró en vigor el decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se dio paso a la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con lo que se busca tener un registro puntual de todo aquél que posea una línea celular en México.
Con esta medida se pretende recabar los datos biométricos –como huellas dactilares, rostro, voz e iris– de toda persona que tramite una línea celular nueva, así como dar un plazo de dos años para que quienes ya poseen alguna de las 126 millones de líneas actualmente activas, proporcionen esos mismos datos. Con esto se busca disminuir la comisión de delitos por este medio –como extorsión o secuestro– y tener un registro exhaustivo de quién adquiere servicios de telefonía.
Sin embargo, en la práctica, es ingenuo pensar que quienes se dedican de manera recurrente a la extorsión, vía telefónica, suelan apersonarse en centros de atención a clientes y proporcionen todos sus datos personales y biométricos para hacerse de un nuevo número celular para su peculiar línea de trabajo. En realidad, en estas prácticas fraudulentas suelen utilizarse líneas obtenidas de manera irregular o medios remotos que no requieren una línea telefónica registrada.
Cabe recalcar que no es el primer esfuerzo de su tipo, pues en 2008 se implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), con fines muy similares, pero que, ante la poca efectividad y respuesta, pereció un par de años después. Al respecto, diversos especialistas indican que no hay evidencia sobre la disminución de delitos mediante este tipo de registros y que, más bien, los esfuerzos deberían estar enfocados en otras áreas, como pueden ser servicios de atención telefónica específicos para recabar y dar seguimiento a denuncias sobre delitos de este tipo.
Por otro lado, no hay ninguna certeza de que la información se maneje con la debida precaución pues, en otras ocasiones, no se ha podido garantizar el uso confidencial y responsable de datos tan sensibles como estos. El propio Renaut y hasta el padrón electoral se han filtrado en su momento e, incluso, han estado a la venta de manera ilegal en el mercado negro, lo que –contrario a su fin original– ha dado pie a otro tipo de delitos, como la suplantación o el robo de identidad.
Por lo que respecta a las suspicacias respecto a que la medida vulnera la privacidad y seguridad de las personas –para lo cual ya proliferan diversas peticiones virtuales y amparos para suspender provisionalmente la aplicación de la nueva ley–, la realidad es que buena parte de estos datos ya están en posesión de privados desde hace mucho tiempo, por el simple uso de aplicaciones, redes sociales o teléfonos inteligentes, los cuales frecuentemente solicitan este tipo de información.
Con todo, vale la pena preguntarse quién será el depositario de nuestros datos y qué uso les darán, pues tal parece que son mucho más los riesgos por un mal uso de esta información que las posibles ventajas que su recopilación podría traer.