La aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos —con cambios mínimos— inicia el trámite para la promulgación y publicación de la misma; desde ese punto las diversas empresas que agrupan 12,500 estaciones de servicios y una veintena de compañías de almacenamiento solicitarán la reglamentación operativa y especificaciones técnicas a la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de Leopoldo Melchi, para considerar una posible defensa legal…. que ya ven venir.
Nadie se hace ilusiones entre las empresas agrupadas en la Onexpo, que encabeza Roberto Díaz de León, y la Amegas, que lleva Aída Ramírez, así como otras pequeñas organizaciones: saben que el reglamento que anteriormente los regía fue elevado a rango de ley, introduciendo tres causales muy amplias y genéricas por las cuales pueden perder sus licencias, sus empresas y hasta su libertad: la causal de seguridad nacional, la de seguridad energética y la de seguridad económica, con todo lo que ello pueda significar.
No se hacen ilusiones porque en las últimas semanas los empresarios del ramo perciben el enojo presidencial contra el aumento de los precios de los combustibles, que fustiga “la voracidad” de los distribuidores privados y ha omitido el aumento de los precios de la materia prima, el petróleo, y el poco margen de maniobra de la SHCP para extender los estímulos fiscales en los precios finales de gasolina y diésel. Saben que pueden ser los siguientes “villanos favoritos del régimen”, susceptibles de ser expropiados y por tanto se preguntan cuanto tiempo llevará una intervención del gobierno de sus negocios y en ese inter quién pagará salarios, impuestos y seguros en las compañías afectadas.
Saben que no hay tal “rescate de la soberanía” como lo dijo el senador Ricardo Monreal tras aprobarse la nueva ley; consideran que el objetivo es retornar a Pemex el control total de la energía fósil, y de acotar y desaparecer la competencia que —bajo los dogmas de la 4T— es la encarnación de mismo demonio.
Día de la Tierra; Grupo Salinas refrenda. Una de las firmas más importantes del país, Grupo Salinas, que encabeza Ricardo Salinas Pliego, firmó el refrendo para seguir los lineamientos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas por la Sostenibilidad Corporativa, a fin de lograr un desarrollo sostenible conforme a la Agenda 2030: disminuir su huella de CO2, promover el consumo responsable, mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de colaboradores y clientes. Durante ese refrendo, la vicepresidenta de Grupo Salinas, Ninfa Salinas Sada, rei-teró que la agrupación actúa por la inclusión digital y financiera y desarrollo de talentos como fuentes de innovación y bienestar, en la mejora de condiciones laborales, del empoderamiento femenino y rechazando todo tipo de discriminación. En el refrendo del Pacto al que Grupo Salinas su sumó en 2018, estuvieron Martha Herrera, presidenta del Pacto Mundial Capítulo México, Alejandro Valenzuela, de Banco Azteca, y Adriana de la Puente, directora de Bienestar, Comunicación e Integración de la compañía.
¿Monopolio en Santa Lucía? Existe el riesgo de que se forme un monopolio (ineficiente) en la proveeduría de equipo electrónico y radares en la terminal Felipe Ángeles, a cargo de René Trujillo; pero también existe la posibilidad que la Sedena, al mando de Luis Crescencio Sandoval, evite esa situación y permita orientar los servicios en beneficio de aerolíneas y pasajeros. Es sabido que el consorcio formado por Sita-Thales y Honeywell (encabezados por Barbara Dalibard, Patrice Caine y Darius Adamczyk) ganaron el sistema de radares del AIFA con una oferta por encima de lo propuesto por sus competidores; y ahora buscan tomar todo el control de los servicios en tierra para registro, acceso y monitoreo de pasajeros y equipaje, así como de la bigdata comercial. Sita ya lo intentó en el AICM, de Jesús Rosano… pero no pudo con el paquete. El mando militar puede corregir ese rumbo, sí así lo desea.
Se le cayó la red a UNOPS. Pues ayer se realizaría la 3° Sesión Informativa donde la UNOPS, de Grete Faremo, habría de informar (se supone que para ello era) los resultados del proceso de compra consolidada de medicamentos y material médico que le encomendó el Insabi, de Juan Ferrer, para lo que falta de 2021. Pero los invitados quedaron todos plantados porque nada más no se abrió el link para la videoconferencia y se pospuso hasta un incierto “nuevo aviso”.
