En un nuevo amago, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró ayer que “si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no avalan la extensión de dos años de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar para encabezar la reforma al Poder Judicial, serán cómplices de la corrupción”.
Y tras exaltar méritos y trayectoria del titular del alto tribunal y poner en duda la de algunos de los 10 ministros que la conforman —aun los que él ha propuesto— sostuvo que “si el encargado de conducir el proceso de transformación del Poder Judicial fuera un personaje del ‘partido conservador’ del antiguo régimen, que nunca se preocuparon por el pueblo y están a favor de la corrupción, esa reforma sería letra muerta”: o sea que si no es Zaldívar, ningún otro ni otra, le merece confianza.
DE ESTO Y DE AQUELLO
Contra lo que insiste en sostener el Ejecutivo federal de que la prolongación de dos años de la gestión del ministro presidente “es constitucional”, y que una legión de juristas y académicos coinciden en que no lo es, el artículo 97 de la Carta Magna establece en su cuarto párrafo: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
Habrá que ver si llegado el momento, los ministros amenazados de convertirse en “cómplices de la corrupción” votan a favor de la “Ley Zaldívar”, con la que algunos están en contra y respetan el texto constitucional, y si el titular de la Corte es congruente con su reconocida trayectoria judicial u opta por ir tras la zanahoria que le ofrecen desde Palacio Nacional.
De plácemes, el gobernador panista de Quintana Roo por la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo 2021, en Cancún, con la presencia de representantes de varios países en ese sector y el secretario del ramo del Gobierno federal, Miguel Torruco Marqués; su designación como presidente de la Comisión de Turismo en la Conferencia Nacional de Gobernadores, además de la reunión de los mandatarios estatales del PAN en aquel destino.
Separado de la bancada de Morena y suspendidos “temporalmente” sus derechos partidarios, al poblano Benjamín Saúl Huerta, acusado de abusar de menores, le espera una solicitud de desafuero por la Fiscalía de la CDMX y una orden de aprehensión.
Si Morena pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, su bancada en el Senado convocaría a un periodo extraordinario de sesiones para desahogarlo, incluida una iniciativa de reforma electoral. Ah, pero si la mantiene, se olvidarían de proponerlo.