A pesar de que el proyecto inicial de reforma fiscal que el presidente Iván Duque trató de impulsar ya ha sido retirado, las movilizaciones sociales en Colombia no se han detenido, pues las raíces del descontento son más profundas y, peor aún, la violencia y brutalidad con la que el Estado ha respondido no ha hecho más que avivar la llama de la indignación.
Las cifras oficiales señalan que, en las casi dos semanas de manifestaciones, 27 personas han perdido la vida. Sin embargo, tal como sucede en muchos otros lugares, el trabajo de la sociedad civil organizada permite tener una idea más realista de lo que realmente pasa en un país. En este caso, gracias a la labor del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) y el grupo Temblores, ambas organizaciones no gubernamentales, se tienen documentados los asesinatos de 47 personas, además de 963 personas detenidas de manera arbitraria, 12 episodios de violencia sexual y 548 personas más que se encuentran desaparecidas. La mayor parte de todos estos ataques han sido cometidos por personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios, así como por integrantes del Ejército, y en muchas ocasiones no se sabría de ellos si no fuera por la labor de documentación que muchos ciudadanos han realizado, especialmente con las cámaras de sus teléfonos. Esto ha provocado que la ira de los ciudadanos se mantenga encendida, pues la discusión sobre el papel represor del Estado se suma a los problemas que desataron las manifestaciones previas a la pandemia.
Colombia es una nación con una historia económica anómala en América Latina, pues a pesar de los constantes problemas de violencia y corrupción —en buena parte alimentados por el poder del narcotráfico, el crimen organizado y los grupos guerrilleros que se mantuvieron en armas por bastante tiempo—, nunca padeció los terribles problemas de hiperinflación y crisis económicas de sus vecinos. En las cuatro décadas previas a la pandemia, Colombia había tenido un crecimiento económico promedio de 3.8% anual. La clave está en que esa bonanza sólo se quedó en unas pocas manos, pues hoy Colombia es el segundo país con mayor desigualdad de toda América Latina, sólo después de Brasil.
Es en este contexto que la propuesta de reforma tributaria de Duque, que buscaba incrementar la recaudación del gobierno para poder hacer frente a los gastos derivados de la pandemia y fortalecer diversos programas y políticas, fuera tan mal recibida, pues la mayor parte de los cambios recaerían en los contribuyentes de la clase media (con cambios sobre la ley sobre la renta) y bajos recursos (especialmente con impuestos a servicios básicos como el agua, luz y gas). De acuerdo con el propio Ministro de Hacienda, el 73% de los nuevos recursos vendría de las personas físicas. Cargar la mano sobre los contribuyentes de siempre, en lugar de plantear un esquema realmente progresivo para las grandes fortunas y ganancias, como las derivadas del sistema financiero, ha enfurecido con justa razón a los colombianos. El gobierno colombiano debe cesar la violencia y ofrecer una discusión y soluciones reales que consideren estas desigualdades o este estallido social podría ser incontrolable.
