Si había riesgo de que las elecciones del 6 de junio se descarrilaran anticipadamente, tanto por violencia y sangrientas campañas que costaron la vida a más de una docena de candidatos de distintos partidos políticos, como por las reiteradas violaciones a las leyes en plena veda, eso se precipitó ayer con la confesa intervención presidencial en el proceso en Nuevo León y la acusación contra los candidatos de Movimiento Ciudadano y coalición Va por México a gobernar ese estado, con el argumento de que “no puede ser cómplice del fraude electoral”.
Los dirigentes de los partidos contendientes coincidieron en exigir que el Ejecutivo Federal saque las manos del proceso en la entidad regia y los candidatos Samuel García, emecista, y Adrián de la Garza, postulado por PRI, PAN y PRD, señalaron que se trata de una “persecución política” que pretende favorecer a Clara Luz Flores, abanderada de Morena, que desde hace varias semanas se desplomó en las encuestas.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Dante Delgado Rannauro, fundador de Movimiento Ciudadano y líder de la bancada de ese partido en el Senado, instó a su amigo José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal electoral, a honrar su trayectoria y, como titular de una dependencia presuntamente “autónoma”, a no sucumbir ante el afecto de un Presidente que admite que “está metiendo las manos en las elecciones”.
Al mismo tiempo, los dirigentes de los partidos que apoyan a De la Garza, censuraron la intromisión presidencial en las elecciones de Nuevo León y, al igual que Delgado Rannauro, condenaron que la autonomía de la Fiscalía General de la República, sea utilizada para investigar supuestas acusaciones.
Hasta ocho suspensiones provisionales sumaban ayer contra la Ley de Hidrocarburos, otorgadas por el abogado Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, lo que le volvió a motivar la enésima andanada mañanera, similares a las que recibió cuando frenó la Ley de la Industria Eléctrica.
Lo ocurrido en la Línea 12 del Metro le va a resultar cara a la “austeridad republicana” de la 4T, no por el monto de seguros e indemnizaciones a familiares de las víctimas, sino por los 20 millones de pesos que costará el peritaje internacional solicitado para determinar las causas que la originaron, una de las principales fue la falta de mantenimiento que tampoco ha habido en otras rutas.
Es explicable el que dirigentes y legisladores de Morena defiendan tanto a la directora del Metro, Florencia Serranía, si se recuerda que ella ocupó ese mismo cargo cuando el hoy Presidente estuvo al frente del gobierno capitalino.