La última semana de mayo el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpondrá su controversia constitucional contra la Ley del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, pues aun siendo entidad obligada en atender ese mandato legislativo, hay tres grandes ejes en los que la operación, autonomía y misión legal del IFT sería profundamente afectada. Y no, no es una conjura contra los propósitos gubernamentales por parte de los organismos autónomos: es la simple observancia de las leyes.
Los comisionados que encabeza Adolfo Cuevas trabajan en elaborar la controversia partiendo de que el instituto será obligado a recibir y custodiar la información de 112 millones de usuarios de telefonía móvil sin haber recibido de la SHCP un peso adicional de presupuesto a pesar de las peticiones hechas al equipo de Arturo Herrera.
Por tanto: a) el IFT tendría que disponer de recursos ya destinados a las actividades programadas, lo cual implica incumplir con las actividades diseñadas conforme al presupuesto —recortado— que le asignó la misma Cámara de Diputados; b) ello deriva en una violación al carácter autónomo del instituto, porque el Panaut altera el uso de recursos y modifica la ejecución de las funciones sustantivas del IFT; y c) la misión o función sustantiva del IFT es agilizar el marco regulatorio a fin de permitir que cada vez más mexicanos tengan acceso a las telecomunicaciones y tecnología de la información para potenciar su desarrollo cultural y económico, por lo que el Panaut —al cancelar líneas móviles a los usuarios que no proporcionen sus datos personales y biométricos— es contrario al mandato constitucional del instituto.
Seguramente en la Secretaría de Seguridad no analizaron las consecuencias del proyecto, ni tampoco el líder de Morena en la Cámara baja, Ignacio Mier, pensó el cúmulo de libertades y autonomías que violentaría la aprobación de la Ley Panaut.
Altán incumple. La empresa encargada de desarrollar la red compartida de datos sobre la banda de 700Mhz, Altán, a cargo de Salvador Álvarez, se encuentra a un tris de soltar el arpa y con ello incumplir de manera definitiva el compromiso que asumió cuando recibió el espectro radioeléctrico derivado del cambio de televisión analógica a digital: Altán busca que le amplíen cuatro años la concesión para alcanzar una cobertura del 92% de la población del país…, pero además incumple en el pago de deudas a proveedores y bancos prestamistas. Aunado a ello, Altán ha sido incapaz de desplegar un mercado mayorista de capacidad inalámbrica que permita una mayor y verdadera competencia en los servicios móviles. Lástima.
Que primero paguen, luego vemos. No hay decisión alguna en Constellation Brands sobre el lugar en que eventualmente podrían construir una nueva planta cervecera en el sureste mexicano, tema que podría tomar de dos a cuatro años según expresó directamente el presidente de la compañía cervecera, Bill Newlands, en la sesión con analistas financieros el 31 de marzo pasado. Ahí se recordó que el costo de cancelar la planta de Mexicali les impactó en 850 millones de dólares y que se encuentra en una “negociación constructiva” con el Gobierno mexicano para encontrar la forma de pago, ya sea en créditos fiscales, infraestructura o en efectivo. Newlands también recordó el proceso de hipereficiencia productiva que se impulsa en sus plantas de Nava y Obregón a las que se les invertirá, agregó el director financiero Garth Hankinson, en capital de trabajo de 900 millones de dólares en 2022. O sea que no tienen en vistas una nueva planta en Veracruz (ni en ningún otro sitio) mientras no reciban la indemnización por la cancelación a la que procedió Semarnat, de María Luisa Albores, y Conagua, a cargo de Blanca Jiménez, amén que se enfocará en desarrollar su portafolio de productos Modelo en esas dos plantas. Ni se hagan ilusiones.
