Todo parece indicar que Pedro Castillo ha vencido a Keiko Fujimori en las competidas elecciones presidenciales del Perú. Opuestas corrientes de opinión dan por hecho que con el triunfo de Castillo llega al poder un líder “bolivariano”, que intentará acercar esa nación a las posiciones ideológicas y políticas de la así llamada Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA).
Dado que esa alianza está conformada por regímenes muy distintos, como el venezolano, el boliviano y el cubano, se sobreentiende que el alineamiento se produciría fundamentalmente en la geopolítica global y regional. En el caso del Perú, habría que agregar, a esa diversidad intrínseca de la ALBA, especificidades del sistema político que harían más complicada una reorientación ideológica radical.
El régimen peruano es una extraña mezcla de unicameralismo, presidencialismo y parlamentarismo, con una enorme dispersión multipartidista. Castillo deberá relacionarse con un Congreso en el que pesan partidos de derecha como Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Acción Popular de Manuel Merino —el presidente que debió renunciar tras una oleada de protestas populares—, Alianza para el Progreso de César Acuña y Podemos Perú de Daniel Urresti.
La Constitución fujimorista de 1993, responsable de la hibridez del régimen peruano, otorga al jefe de Estado poderes de disolución del parlamento. Pero, a la vez, concede al congreso unicameral la potestad de decretar la vacancia del mandatario. Castillo tendrá que entablar, desde un inicio, un pulso con el poder legislativo, que pondrá a prueba la gobernabilidad.
Quienes ven a Castillo como dirigente inscrito en la corriente “nacional-popular” de la izquierda latinoamericana llaman a no dar crédito a los elementos conservadores de su discurso. Sus constantes alusiones a Dios, a una política más allá de las ideologías, especialmente de las raciales y de género —durante la campaña presidencial dijo que los feminicidios son “producto del ocio”— o sus llamados al cierre de fronteras, al control migratorio y la xenofobia, suenan más a tonadilla de las nuevas derechas.
Sin embargo, tanto su apuesta por una ofensiva en la distribución del ingreso o por la nacionalización del gas natural, así como su proyecto de una nueva Asamblea Constituyente, que ponga fin a la Carta Magna fujimorista de 1993, tienen ecos de algunas experiencias del “socialismo del siglo XXI”. Aún así, de la propuesta de un nuevo constituyente en Perú, que sería muy útil para equilibrar mejor ese régimen político, no se desprende necesariamente un avance hacia el modelo chavista.
Quienes no dudan de ese avance, a pesar del eclecticismo programático de Castillo, se mueven entre alternativas extremas de la política latinoamericana: unos buscan, en efecto, la incorporación del nuevo gobierno peruano a la ALBA; otros respaldan a Keiko Fujimori para robustecer el nuevo bloque de la derecha regional.