En el panorama peruano, y salvo algún hecho superviniente en contrario, todo parece indicar que, en ese duelo de populismos indeseables en la cerradísima segunda vuelta presidencial —44 mil votos, el 0.25%—, Pedro Castillo (Perú Libre) terminará por imponerse a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
Así, la hija del exdictador pierde por tercera ocasión la presidencia en un ballotage —y además, pasada la jornada electoral, vio cómo se reactivaron pedidos de captura en su contra por acusaciones de corrupción—.
De cara al 28 de julio, fecha en que coincide la celebración del bicentenario de la independencia peruana con la asunción del nuevo gobierno, el panorama no podría ser peor: la contienda electoral dejó a la sociedad peruana y a la clase política en unos niveles brutales de polarización y si —como todo parece indicar— Castillo resulta ganador, muy difícilmente Keiko depondrá sus denuncias de fraude; además, ninguno de los dos tendrá, ni remotamente, mayoría en el fragmentado Congreso. Así pues, a menos de que se dé un acuerdo político, nada indica que Perú vaya en buen camino para resolver su ya larga crisis política, que ha dejado un saldo de 4 presidentes en los últimos 5 años. Parece que aquí no se cumplirá el adagio taurino de “no hay quinto malo”.
Pero mucho peor que tener elecciones que fallan en resolver crisis políticas como la peruana, es no celebrar elecciones libres. Ahí es adonde quiere llevar Daniel Ortega a Nicaragua, que viene profundizando su crisis política y social bajo una dictadura cada vez más cruel y descarada. Al ciclo de protestas sociales de abril de 2018, salvajemente reprimidas por el régimen, que dejaron al menos 320 muertos, hemos de sumar una larga serie de medidas adoptadas por Ortega para neutralizar cualquier esfuerzo de oposición y crítica.
Desde finales del año pasado, cuando se aprobó un bloque de leyes claramente autoritarias, se encendieron todas las alertas. Entre ellas, una ley de ciberdelitos, para que el gobierno sancione a quien difunda noticias que considere falsas; la de “agentes extranjeros”, que prohíbe el financiamiento del exterior a OSC, medios de comunicación e iniciativas opositoras (no puede uno dejar de pensar, por cierto, en las quejas al respecto que con demasiada frecuencia hace el Presidente de nuestro país); y la joya de la dictadura: la ley de “los traidores a la patria”, por la que cualquier indeseable puede ser acusado de financiar o instigar un golpe de Estado, promover la desestabilización o terrorismo, o cometer “falsedad ideológica” (sic). En fin, esa retahíla de tics que suele obsesionar a los sátrapas.
Bajo esa falsa legalidad, Ortega ha emprendido una auténtica cacería contra una docena (y contando) de opositores al régimen. Y ya no sólo son activistas, sino que en fechas recientes ha detenido, al menos, a cuatro posibles contendientes en las elecciones a celebrarse el 7 de noviembre: Cristiana Chamorro Barrios, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Sebastián Chamorro. La intención es clara: impedir la celebración de elecciones libres para prolongar la dictadura a toda costa. Ojalá la presión de la comunidad internacional, que se ha intensificado en los últimos días, sirva para contener y revertir los caprichos del tirano y se puedan celebrar elecciones libres en Nicaragua.
