Es sabido que son muy reducidos (9,300 millones de pesos) los fondos federales dedicados a la conectividad carretera hacia la terminal aérea Felipe Ángeles que dirige René Trujillo; que sin el libramiento Lindavista-Indios Verdes-Santa Clara cualquier acceso por auto o camión consumirá horas y dinero en traslado. Pero sin un tren urbano para el traslado masivo de empleados, trabajadores y a un grupo específico de viajeros, Santa Lucía se convierte en un polígono inaccesible.
El caso del tren Suburbano es sintomático, pues si bien desde principios de año la firma española CAF, de Andrés Arizkorreta, y Grupo Toluca, de Roberto Alcántara, elaboraron el proyecto ejecutivo para su puesta en práctica que el socio gubernamental, Banobras, aporte un crédito de 8 mil millones de pesos para construir el ramal que saldrá de Lechería a Nextlapa. Ése es problema estrictamente financiero, y se requiere encontrar el margen para movilizar recursos en un entorno de austeridad y cambio de correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados para aprobar presupuestos.
El otro problema para ese tren es también financiero, pero sobre todo social. Ya es público el litigio de propietarios de tierra cercanos a Santa Lucía contra la Sedatu, a cargo de Román Mayer, a quien acusan de no cumplir con las indemnizaciones correspondientes de fracciones sustantivas de tierra que se usó para instalar el aeródromo. Pues un problema similar se gesta en los predios de Tultitlán en donde corre el trazo del Tren Suburbano que pretende conectar Santa Lucía con la Estación Central de Buenavista.
Expropiación y reacción. Los ejidatarios de Teyahulco de Tultitlán, cuya presencia pública es conocida por Joel Rodríguez, acusaron hace tres meses que representantes de Sedatu amagaron con ejercer la expropiación de sus predios si no aceptaban un precio a una décima de lo que vale el terreno en una zona ya urbanizada y de uso de tipo industrial. Como aquí se informó, los ejidatarios rechazaron airadamente la oferta y se declararon dispuesto a evitar la expropiación “al costo que sea”.
Y desde hace días ya no saben más de la oferta oficial, ningún representante federal les ha ido a buscar en aquellos bizarros parajes para reiniciar la negociación de compra. El silencio absoluto les hace creer que viene lo peor, una expropiación que les ofrecerá migajas por sus predios.
Y que si ello sucede, aseguran no escatimarán medios para defenderse.
Se los paso al costo.
Ramírez de la O, Reynoso. Nos cuentan que desde el viernes pasado el próximo titular de la SHCP se reunió con el equipo actual de Arturo Herrera. Entre los temas en los que ya dejará su impronta Rogelio Ramírez de la O es en el diseño del paquete presupuestal 2022 (que incorporará los elementos de la reforma fiscal de la que habló Raquel Buenrostro, jefa del SAT), para así hacer un cambio suave de estafetas en aspectos tan fundamentales para las finanzas públicas. El consultor y próximo servidor público al parecer no tiene un equipo muy extenso, pero que Alejandro Reynoso se perfila como uno de los que será uno de sus mas cercanos colaboradores en la SHCP.
Y no llegó… Apenas el 27 de mayo, Jorge Alcocer anunció a bombo y platillo en una mañanera que ya, que ahora sí, la UNOPS, de Grete Faremo, cumpliría el suministro de medicamentos para el Insabi, a cargo de Juanito Ferrer, luego de casi 7 meses de rezago. ¿Y qué creen? La semana pasada se notificó que de 1,183 claves de compra encargadas a la oficina que aquí lleva Giuseppe Mancinelli, se declaró desierta —sin proveedor— el 55% de ellas, o sea 653 claves, por lo que quedan todavía pendientes por comprar 950 millones de piezas (entre ellas los ansiados oncológicos) para el servicio público. En resumen, fracasó el esquema de compra consolidada encargado a la UNOPS, sólo pudo con 45% del encargo, al punto que el IMSS, de Zoé Robledo, ya compra por su lado y el mismo Insabi… eso sí, sin la ventaja de comprar a gran escala.
