La ola de masacres que se ha registrado en los últimos días en municipios de Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, entre otras entidades federativas, que tienen aterrorizados a sus habitantes, motiva alarma ciudadana ante los niveles de criminalidad a los que se han llegado, sin que parezca haber nada ni nadie, ni intención siquiera de hacerle frente, lo que mantiene a México entre los países con más altos índices de violencia.
La semana pasada, funcionarios de seguridad de Estados Unidos coincidieron en expresar su preocupación por lo que aquí ocurre y el Papa Francisco, a través del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, externó sus condolencias a la diócesis de Tamaulipas, por la “injustificable violencia” ocurrida la semana pasada en Reynosa, mientras se ponen en servicio modernos cuarteles del Ejército y la Marina y se insiste en que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.
De esto y de aquello...
Mal, y cada vez peor, siguen las cosas en la relación del Gobierno con representantes de medios de comunicación impresos y electrónicos en los que se dan a conocer casos de espionaje y se revelan reales o presuntas investigaciones a funcionarios electorales, opositores, articulistas y columnistas que de inmediato son negadas oficialmente por autoridades de alto nivel que niegan que existan, a pesar de revelaciones de algunos de los afectados.
A lo que varios de éstos han dado a conocer, se sumó la información periodística de que el consejero electoral, Ciro Murayama y la cantante Lila Downs, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a la asesora del primero, Farah Munayer, esposa del director del Registro Federal de Electores, René Miranda, lo que ese organismo de la Secretaría de Hacienda se apresuró a desmentir.
Una y otra vez, funcionarios del Gobierno federal, y el propio Presidente López Obrador, han rechazado que se espíe a comunicadores u opositores, e insisten en que “eso fue cosa del pasado” porque en este sexenio “no somos iguales” no obstante, las semanales arremetidas mañaneras y acusaciones que, sin prueba alguna, se hacen contra quienes critican acciones y decisiones gubernamentales.
Por cierto que como transcurrió un mes de que Diego Fernández de Cevallos presentara ante la FGR una denuncia contra el Presidente López Obrador por haberlo tachado en una de sus mañaneras de “traidor a la patria”, sin que se le haya citado para que la ratificara, el viernes pasado envió una carta a esa dependencia para solicitarle que lo haga.
El excandidato presidencial del PAN es, hasta ahora, el único de los políticos de oposición que se ha atrevido a responder de esa manera a las acusaciones que se le han endilgado.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
