El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado, bajo cargos de golpismo, injerencia extranjera y traición a la patria, a diecinueve opositores que, eventualmente, impulsarían candidaturas alternativas en las próximas elecciones presidenciales.
De acuerdo con leyes de seguridad nacional, la oposición en Nicaragua estaría siendo penalmente imposibilitada de disputar legítimamente una nueva reelección, que mantendrá a Ortega en el poder por dos décadas consecutivas.
Frente al uso indiscriminado de los poderes legislativo y judicial de Nicaragua, para perpetuar a una persona y una familia en el poder, la izquierda latinoamericana se divide. Se trata de una división sutil, que muchos medios ocultan, pero que vale la pena archivar. El autoritarismo en Nicaragua genera un debate a media voz, parecido al que a veces suscitan Venezuela o Cuba, que es posible seguir a través de los posicionamientos de las cancillerías, los organismos regionales e internacionales, la prensa y las redes sociales.
En la pasada votación en la OEA, 26 gobiernos votaron a favor de la resolución que condenaba los arrestos, tres votaron en contra (Nicaragua, Bolivia y San Vicente y Granadinas) y cinco se abstuvieron: México, Argentina, Honduras, Belice y Dominica. Como puede observarse a simple vista, el voto de los gobiernos de la Alianza Bolivariana (ALBA) fue disímil: unos como Antigua y Barbuda, Granada y San Cristóbal y Nieves votaron a favor, otros en contra y otros más se abstuvieron.
La semana pasada, en una reunión de los países miembros de la Alianza Bolivariana en Caracas, el bloque intentó fijar una posición común. En la declaración, los representantes de la ALBA, además de rechazar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, expresaron “beneplácito por la celebración de próximas elecciones” en Venezuela y Nicaragua. No se pronunciaron, los gobiernos bolivarianos, sobre los arrestos de opositores en Nicaragua, pero a juzgar por la propia votación en la OEA, no todos los miembros de la ALBA piensan igual sobre esos actos de represión.
Tampoco piensan igual los cinco gobiernos que se abstuvieron en la OEA. México y Argentina, por ejemplo, han llamado a consultas a sus respectivos embajadores en Managua y las dos cancillerías, a través de declaraciones oficiales o trascendidos de fuentes anónimas, han trasmitido “preocupación” por los presos políticos en Nicaragua. El presidente Alberto Fernández y su canciller Felipe Solá, discretamente, han tratado de interceder a favor de los detenidos.
El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, sobre la oleada represiva en Nicaragua, que “debían garantizarse las libertades y no debía haber represión”. Los matices geopolíticos, dentro de las izquierdas latinoamericanas, son reales y explican que en La Jornada y Página 12 se critique a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, mientras en Granma y Telesur se les justifica.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.