Contra lo que se asegura las mañanas de cada semana, mal anda el país cuando habitantes de poblaciones y comunidades de varias entidades federativas que se han visto obligadas a abandonarlas por vivir bajo acoso permanente de hombres armados que pertenecen a cárteles de la droga y grupos criminales que frecuentemente irrumpen en sus hogares y con absoluta impunidad secuestran, ejecutan o desaparecen a sus familiares, como ocurre en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí o Sonora.
No hay días o semanas o en que desde ésas y otras entidades ocurran atentados, masacres y persecuciones que son videograbados y transmitidos en medios electrónicos e impresos, sin que parezca haber nada ni nadie que lo impida, lo que evidencia el fracaso de la política gubernamental de “abrazos y no balazos” con la que se pretende enfrentar y “combatir” la violencia de un crimen que organizado o no, mantiene aterrada a mucha gente en casi la mitad del territorio nacional que prefiere abandonar sus lugares de origen y que no constan en estadísticas cosméticas.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
En sesión dominical, los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados votaron nuevamente para desaforar al diputado petista Mauricio Toledo, ex jefe delegacional de Coyoacán, acusado por la Fiscalía de la CDMX de enriquecimiento ilícito, lo que posteriormente ocurrirá en el periodo extraordinario convocado por la Comisión Permanente del Congreso a solicitud de la mesa directiva de aquélla.
La semana anterior, esa misma sección camaral que preside Pablo Gómez aprobó por unanimidad que se le retire también esa protección constitucional al diputado morenista de Puebla, Benjamín Saúl Huerta, al que la misma Fiscalía capitalina imputó los delitos de violación de un menor y un adulto, si es que no les surgen defensores de última hora desde los partidos en los que militan.
El exfuncionario público de alto nivel perseguido la semana anterior fue ahora Ildefonso Guajardo, secretario de Economía el sexenio pasado, negociador del nuevo tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá y diputado federal electo al que la FGR ha solicitado no sólo vincular a proceso por presunto enriquecimiento ilícito, sino impedir que rinda protesta como integrante de la próxima legislatura en San Lázaro, lo que fue desechado por un juez de control.
Aclaración no pedida, acusación manifiesta, a propósito de lo apuntado aquí el viernes pasado, por la orden de aprehensión girada contra Miguel Alemán Magnani: fue de 1946 a 1952, cuando su abuelo, Miguel Alemán Valdés, gobernó el país y quien lo hizo de 1952 a 1958 fue don Adolfo Ruiz Cortines, al que sucedió Adolfo López Mateos.
Arrecian contagios y hospitalizaciones en el país por coronavirus.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
