Tres países de Centroamérica y el Caribe atraviesan severas crisis políticas. En Haití, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse; en Cuba, el ciclo de protestas más desafiante en seis décadas de dictadura castrista; y en Nicaragua, la persecución y detención de opositores al régimen tiránico de Daniel Ortega.
Haití está entre el grupo de naciones del mundo que ha padecido las peores historias. Como muchos otros países latinoamericanos, experimentó por casi tres décadas, en la segunda mitad del siglo pasado, la atroz dictadura militar de los Duvalier (François y Jean-Claude, padre e hijo). Desde su derrocamiento, en 1986, y a diferencia de otros países de la región, el intento de consolidar un sistema democrático no ha sido eficaz: en 35 años han pasado una veintena de gobiernos débiles e inestables. Hoy Haití es, por mucho, la nación más pobre, desigual y violenta del continente y una de las más subdesarrolladas del planeta.
Moïse fue acusado de corrupción, entre otras cosas por el escándalo de Petrocaribe. Sin el respaldo de su supuesto aliado, Donald Trump, gobernó por decreto y se encaminaba a la dictadura —había disuelto el Congreso y pretendía sancionar una nueva Constitución, de la que él sería el principal beneficiario, al robustecer sus facultades y permitir su reelección—. El magnicidio no hace más que profundizar la eterna crisis política y social de Haití, ante la conmoción… y la indiferencia global.
El mundo sigue con mucha más atención el ciclo de protestas, iniciado el domingo, contra la dictadura cubana. Es muy prematuro pretender presagiar el desenlace, aunque emociona ver el clamor pacífico por libertades y derechos. Llama poderosamente la atención que no hubiera un motivo puntual que detonara las protestas, sino la acumulación de miseria y autoritarismo por parte de un gobierno que de revolucionario ya no tiene nada. No deja de ser curioso que las protestas peguen en el blanco de uno de los principales motivos de orgullo para los creadores, defensores y trasnochados apologistas del sistema cubano: su “robusto e igualitario” sistema de salud. Dado que Miguel Díaz-Canel no tiene el carisma de Fidel ni el apellido de Raúl, se ve muy difícil que pueda sortear indemne la crisis. Y su llamado a “los comunistas, los defensores de la Revolución” a enfrentar a los manifestantes, no hace sino evidenciar el torpe talante tiránico de un gobernante que azuza a un enfrentamiento civil.
Finalmente, se agudiza la crisis en Nicaragua. Amparado en un bloque de leyes sobre golpismo, traición a la patria e injerencia extranjera, Daniel Ortega sigue con la redada de opositores para impedir la celebración de elecciones libres en noviembre. Ya son 25, entre aspirantes presidenciales y líderes opositores. A pesar del repudio internacional, Ortega mantiene el rumbo hacia el despotismo más rapaz.
Y mientras tanto, México tropieza con los principios constitucionales que han de regir sus actuaciones diplomáticas. Escoge sólo dos de ellos, a modo, y los interpreta mal: la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, olvidando la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia, a lo que también está obligado tanto por la Constitución como por la pertenencia a organizaciones multilaterales. Desafortunadamente, éste ya es el sello de la casa en política exterior.
