Ya sólo faltan 15 días para que se haga la consulta popular, cuya pregunta nada tiene que ver con enjuiciar a los expresidentes, pero la difusión que se le ha dado a la misma desde el oficialismo, dice que sí.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco legal y constitucional, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas, tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Creo que es una pregunta incomprensible, pero es la que se intentará hacer a millones de mexicanos que están siendo convocados a responder con un “sí” o “no” el próximo domingo 1 de agosto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) matizó la pregunta para que la ciudadanía pueda decidir si debe juzgarse a los actores políticos del pasado por sus decisiones, pero en realidad no va encaminada a castigar a ningún actor político, sino que busca fortalecer la figura de la comisión de la verdad.
Así lo explicó el ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien reitera que se trata de una pregunta ambigua y general hecha de esa forma porque no apela a procesos judiciales.
Durante una entrevista concedida al diario El País indicó que este tipo de consultas “buscan ser un instrumento que pudiera generar una salida a conflictos y a sucesos”.
Incluso, aclaró que “cuando en un país se generan procesos de descomposición como los que hemos tenido, en algunos casos muy dolorosos, este tipo de instrumentos pueden servir, pues no todo es castigar a alguien con una pena de prisión, y no todo es la responsabilidad penal. También hay responsabilidades políticas y éticas. Y a eso atiende sobre todo la pregunta de la consulta”.
En 2020, la propia Suprema Corte determinó que no puede estar sujeta a una consulta popular la investigación de crímenes y graves violaciones de Derechos Humanos, ya que hay obligaciones de oficio de las autoridades para llevar a cabo esas indagatorias.
También, de acuerdo con la ley, el INE es la única instancia encargada de la difusión y promoción de este ejercicio.
Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde el INE se ha actuado con apego a la ley y con responsabilidad, mas no así algunos integrantes de la 4T, como gobernadores y alcaldes del partido Morena y sus aliados, que hacen promoción con la consigna de decir que la consulta es para enjuiciar a los expresidentes.
Por ejemplo, Mario Delgado, presidente de Morena, llama constantemente a participar en la consulta. En un tuit fijado en su cuenta, dice: “¿Por qué enjuiciar a los expresidentes?”, o “Vota Sí, juicio a expresidentes, castigarlos”.
La realidad es un engaño, porque ésa no es la pregunta que se hará en la consulta el próximo 1 de agosto.
Con motivo del tercer aniversario de la victoria de la Cuarta Transformación, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se reunió con gobernadores, alcaldes y legisladores electos a quienes les pidió apoyo para la consulta sobre el juicio a los exmandatarios, pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no participará.
Promueven con todo
Además, sin una partida específica y sin una promoción de manera oficial, Morena utiliza sus redes sociales para promover la consulta, incluso lleva a cabo asambleas virtuales en todo el país para que la base del partido apoye en la promoción del ejercicio.
También echó mano de los actuales gobernadores de su partido.
Para Morena, es importante que los votantes participen en el ejercicio, para que el resultado de la Consulta Popular sea vinculante. De conformidad con la Constitución, se requiere la participación de, al menos, el 40% de las personas inscritas en el listado nominal de electores, es decir, 37.2 millones de ciudadanos. Si no se tiene esa participación, la consulta no es válida.
El INE asignó una partida de 500 millones de pesos para abrir 57 mil mesas receptoras, sin un presupuesto extra. Para ello, redujo otros gastos operativos, usó remanentes y ahorros.
Previamente, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2021 con un recorte de 870 millones de pesos al INE, cuya asignación se redujo de 27 mil 689 millones a 26 mil 819 millones de pesos.
Tanto la Suprema Corte de Justica de la Nación como el Instituto Nacional Electoral han trabajado con estricto apego a la ley para esta consulta, que es iniciativa de parte del Gobierno federal.
Aparte de todo esto, la realidad es que no se necesita una consulta popular de este tipo para poder enjuiciar expresidentes o a cualquiera que viole la ley.
Lo que se debe hacer es presentar denuncias con pruebas, y que se persiga a quien haya realizado cualquier acto de corrupción u otros delitos por los cuales estén siendo acusados.
Lo que sí funciona de esta consulta, es la campaña publicitaria que se está haciendo en contra de los expresidentes de México.
