La reforma radical para eliminar la tercerización laboral le regresa un primero —de muchos— balazos en el pie al Gobierno mexicano: Caminos y Puentes Federales, a cargo de la cirujana médica homeópata Julita Veites, no tiene mayor razón de existir pues ahora el Gobierno no debe tener subcontratistas… y Capufe es ello para Banobras en la operación de las carreteras y puentes bajo responsabilidad del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que dirige Enrique Gutiérrez Flores.
Son muchas las áreas en que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene servicios laborales subcontratados, desde vigilancia y limpieza en edificios públicos, hasta técnicos especializados en informática, administración y laboratorio. La reforma que apoyó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no calibró ese alcance, pues el impacto sobre la nómina gubernamental puede ser bastante oneroso.
Pero en el caso de Capufe la situación es aún más intensa: desde cobradores de peajes en casetas, personal de mantenimiento hasta especialistas en áreas administrativas son contratados por tercerización. Es decir, Capufe “outsurcea” para “outsurcear” los servicios carreteros.
Y para rematar, los concesionarios carreteros privados, por definición, son empresas que carecen de personal (son entidades formadas para prestar servicio a una concesión); incluso los gobiernos estatales que reciben concesiones de caminos y puentes, las operan con tercerizadoras.
Todo ello dificulta incluso desdoblar las concesiones que actualmente impulsa la SCT, de Jorge Arganis, así como el nuevo paquete de infraestructura que se presentará en breve que bajo modelos de Alianzas Público Privadas.
Bueno, tal es la confusión tanto en el sector público como privado que el senador Ricardo Monreal ya solicitó ampliar un mes la fecha (al primero de septiembre) para la puesta en vigor de esa reforma.
Esto se advirtió con oportunidad. En fin.
Asignación directa. Las contrataciones directas ya son la firma de la casa. Y la compra de equipo electrónico para registro-confirmación de pasajeros y equipajes, por unos 33 millones de dólares, para la terminal aérea de Santa Lucía, no fue excepción: la administración de René Trujillo desechó las ofertas recibidas y finalmente asignó contrato a un consorcio representado por la empresa toluqueña Apollocom, de Belinda Quijano, que realiza el “fronting” para tres compañías globales. En el consorcio ganador, además de Apollocom, se sabe que se guarnecen de miradas indiscretas la francesa Amadeus, de Frank Palapies, el desarrollador de sistemas Vision-Box, que lleva Miguel Leitmann, y la sueca Ericsson, a cargo de Börje Ekholm.
Caso Roemer. El escritor Andrés Roemer presentó hace poco más de un mes las pruebas de polígrafo al que se sometió ante la reconocida firma Abir Global Security Services: el resultado fue que el acusado no dio indicios de violar o abusar sexualmente de mujer alguna. Ciertamente que una prueba de ese tipo no es totalmente exacta; pero en este caso es una herramienta de discernimiento que no ha sido sopesada ni judicial ni mediáticamente en toda su dimensión…, máxime que las numerosas acusaciones en contra de Roemer se sustentan en las vastas declaraciones de quienes afirman fueron sus víctimas. Y sobre dichas declaraciones se apoyó la UIF para congelar las cuentas de Roemer y su pareja Pamela Cortés —cual sí se tratase de crimen organizado— en detrimento de la garantía constitucional de la presunción de inocencia.
Cohetero en el IMPI. Hoy estará en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que dirige Alfredo Rendón, el nuevo líder del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam), Abelino Cohetero, con la finalidad de establecer un nuevo marco de respetuosa relación institucional proclive a la competencia y a la generación de oportunidades para todos los productores… oportunidades que fueron indebidamente atajadas y monopolizadas por el presidente saliente, Hipócrates Nolasco, quien -aunque suene a chiste- quiso dejar a su propio Juanito en la persona de Juanito Martínez. Bien por la titular de economía, Tatiana Clouthier, que hizo valer el estado de derecho.
Aeroméxico apuesta por los 737-Max. Y la aerolínea al mando de Andrés Conesa, bajo la protección del Capitulo XI de la Ley de Quiebras de EU y con un mercado de viajes que tiende a una pronta mejoría, lanzó su apuesta para adquirir otros 12 Boeing 737-Max, adicionales a los 28 que anunció obtendría en abril pasado. O sea un total de 40 nuevos equipos de corto y mediano alcance dentro y fuera de México.