Con la novedad de que por estos días muchos vecinos se preguntan qué pasa en Naucalpan que todavía gobierna Patricia Durán. Y es que de pronto, donde todo fluía adecuadamente, están apareciendo problemas. Salta el hecho de que, a poco tiempo de que abandone el poder el actual gobierno, haya servidores públicos en plantón permanente por falta de pago a seis mil de ellos. A ese ambiente nada abonan noticias relevantes en materia de seguridad, pues resulta que el municipio apareció como el quinto de todo el país con mayor percepción de inseguridad, con un incremento trimestral de 11.4 por ciento en la más reciente medición de Inegi en la materia, y en el lugar 37 entre las ciudades más violentas del país, con 62 homicidios de enero a mayo de este año. No hay respuestas de la autoridad, pero definitivamente, nos aseguran, algo pasa en Naucalpan.
• ¿Será suficiente el castigo al Partido Verde?
Así que el INE finalmente confirmó que el Partido Verde sí pagó alrededor de 20 millones de pesos a un amplio grupo de influencers para que lo promocionaran durante la veda electoral, por lo que la Comisión de Fiscalización prevé una multa de 40 millones de pesos y la cancelación de sus spots en radio y televisión durante un año. Al castigo previsto por la autoridad electoral todavía tendrían que agregarse las responsabilidades que eventualmente finque la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que también tiene abiertos expedientes por el caso. El anuncio de la sanción prevista provocó ya tremendo alboroto en las benditas redes y que un grupo de ciudadanos exija formalmente la aplicación de un castigo mayor, la del retiro del registro, por considerar que el PVEM ha incurrido en una conducta grave, dolosa, reiterada y sistemática y calculando un costo-beneficio que, en este caso, fue más lo segundo. Uf.
• El esperado acuerdo en Yucatán
Muy felices y contentos, nos comentan, vieron ayer en Yucatán al gobernador Mauricio Vila, al secretario de Marina, Rafael Ojeda, y al director de la Administración Portuaria Integral (API) Progreso, Jorge Carlos Tobilla. Y es que como parte de las gestiones que realizó el primero ayer finalmente se firmó el convenio de colaboración para ampliar y modernizar el Puerto de Altura de Progreso. Se trata de un hecho histórico que se buscaba desde hace 10 años, y que, se estima, pondrá a Yucatán en un nuevo nivel en materia de competitividad y desarrollo turístico y comercial. Y es que las obras permitirán generar una mayor conectividad y uno de sus beneficios concretos será el de reactivar la economía local y estatal a través de hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios. El proyecto, en el que participa la IP, consiste en incrementar el calado, el ancho del canal de navegación, la dársena de ciaboga y áreas interiores navegables; también prevé incrementar la capacidad actual del mismo, con una nueva plataforma para el establecimiento o la expansión de terminales para la operación de actividades. Se espera, nos dicen, que esté listo para noviembre del 2023. Ahí la causa de la alegría yucateca.
• El no a las autodefensas
Un mensaje de rechazo lanzó ayer el Presidente ante la aparición de grupos armados que se denominan a sí mismos como autodefensas. “Que no usen eso como excusa, que no digan: ‘es que es mucha la inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos’, porque son dos cosas: o es una cuestión politiquera, de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder; o delincuencia”. Los señalamientos desde Palacio dan cuenta de una posición que complementa la de días pasados, que parecía inclinarse por la resolución de este tipo de problemas sólo con apoyos sociales. En todo caso, nos comentan, parece tener eco el juicio de instituciones como la Marina y el Ejército, para las que es algo sumamente delicado la posesión irregular de armas y su uso para denotar poder.
• Más contagios, nada se cierra
Ayer se registró la cifra más alta de nuevos casos en 24 horas en la tercera ola de Covid-19: fueron más de 13 mil en un solo día. El 6 de febrero de este año, aún con el impacto de la segunda ola, se registró una cantidad similar. A pesar de este aumento de la epidemia, el subsecretario Hugo López-Gatell afirmó ayer, al dar cuenta de los ajustes a la metodología del semáforo epidemiológico, que “el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos, ya hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo… no debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aun cuando haya crecimiento de la epidemia… lo que sí es muy importante es que las distintas medidas de seguridad sanitaria se cumplan a cabalidad en esos espacios públicos”. Esto significa, nos comentan, que la bola se está poniendo en la cancha de los ciudadanos. A seguirse cuidando, porque estrategia para acelerar la vacunación no hay.
• Se juntan los asuntos ¿y luego?
Así que a 43 días de que concluya la LXIV Legislatura, Morena sigue presionando para la realización de un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, urgió a la Comisión Permanente aprobar el dictamen que se quedó atorado por el procedimiento contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Al asunto prioritario de discutir y votar el desafuero de los diputados Mauricio Toledo, del PT, y Saúl Huerta se sumó además la ratificación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Por separado, el senador Ricardo Monreal informó que busca un extraordinario para diferir un mes los cambios en materia de outsourcing, luego de que los registros se atoraran en varias dependencias del Gobierno federal, según reportes del sector empresarial. Parece que, como ya es costumbre, la decisión se dará hasta que la presión de los temas desborde a los legisladores, nos comentan.