El próximo domingo la ciudadanía de nuestro país está convocada nuevamente a las urnas para participar en la consulta ciudadana promovida por la actual administración respecto al mal llamado juicio a expresidentes, ante lo cual surge el gran dilema entre acudir o no a las urnas.
Se trata, pues, del primer ejercicio en su tipo desde la más reciente reforma político-electoral de 2014, que abrió las puertas a ejercicios de participación –como éste– más allá de las elecciones celebradas periódicamente para elegir representantes a cargos públicos, ante lo cual, sin duda, valdría la pena participar.
Así, tendremos ante nosotros uno de los elementos más valiosos de las democracias participativas, donde en un tema de interés público la ciudadanía es quien tiene la última palabra, sin intermediarios y sin interpretaciones. Tal como sucedió con el Brexit, en donde se les consultó a las y los británicos si querían seguir formando parte de la Unión Europea. Un simple sí o un no. La respuesta es por demás conocida y las consecuencias están a la vista del mundo entero.
Pero nada más lejano que el ejemplo anterior para el caso que nos atañe. Tristemente, lo que pudo abonar a generar una ciudadanía más activa e involucrada en diversos procesos de la vida pública, se tornó, realmente, en una consulta sin pies ni cabeza.
El próximo domingo –quien acuda a votar– tendrá ante sí el siguiente cuestionamiento: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Una pregunta con un fraseo digno del mejor diálogo de Cantinflas, en donde ni las palabras “juicio” o “expresidentes” figuran.
Ante esto, quien diga que no hay lugar a interpretaciones, miente, pues simplemente no hay un significado único de la interrogante. ¿Cómo votar por algo si ni siquiera queda claro qué es por lo que se está votando? O lo que es peor, si es incierto lo que se pregunta, ¿cómo saber el efecto que tendría cualquiera de los resultados –el sí o el no–? Invariablemente, se requeriría un ejercicio adicional de interpretación para conocer los alcances de la consulta.
Con todo, no deja de destacar el papel del Instituto Nacional Electoral, responsable de llevar a buen puerto la organización del ejercicio y el único capaz de garantizar el despliegue logístico necesario para realizar una elección a nivel nacional en nuestro país con todos los estándares de calidad y de seguridad requeridos, si se pretende que el resultado sea vinculante –claro está, siempre y cuando se logre una participación superior al 40% de la lista nominal, lo cual no pinta sencillo.
Un galimatías que pone en entredicho a lo mejor de la ciudadanía, entre cumplir con el deber de ejercer su voto o evitar formar parte de esta tomadura de pelo. La decisión está, pues, en manos de las ciudadanas y los ciudadanos.