Siendo el director de una empresa como Altán, inviable como modelo de negocios y ahora en pleno Capítulo 11 por los sobrecostos de tender la llamada Red Compartida, Salvador Álvarez nos juega una bonita broma: recuperar a Mexicana de Aviación —la que quebró desafortunadamente hace más de una década— para que sea la aerolínea insignia para la nueva terminal aérea de Santa Lucía.
La broma también proviene de Miguel Ángel Yúdico, líder del sindicato de trabajadores en tierra de las aerolíneas y que “sólo pide” que el Gobierno federal —con los recursos de todos— que capitalice con unos 2 mil millones de pesos la resurrección de la centenaria aerolínea… y que los extrabajadores de Mexicana le entren con otro tanto
Pero la broma se acaba cuando se revisan los números con los que el Estado mexicano —urgido de recursos y acosado por exigencias de todo tipo— tendría que aportar para iniciar ese rescate: cerca de 8 mil millones de pesos que debería de condonar entre adeudos de combustible, renta de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pasivos fiscales diversos más recargos y multas. Pero, ¿no hay acaso varias aerolíneas que hoy operan y batallan para mantenerse como Aeroméxico, Volaris, VivaAerobus, a las que les resultaría mejor ese apoyo federal?
Pero considerando que el 92% de los mexicanos se traslada en autobuses para trasladarse entre ciudades diferentes, ¿no sería mejor apostar esos recursos a líneas como ADO, Estrella Verde, Estrella Roja, ETN o cualquier otra para cumplir la norma legal de que los apoyos directos de la Federación demuestren su impacto social?
Vaya, no hay elemento legal —ni tampoco social— para considerar que la nueva Mexicana reciba un nuevo tanque de oxígeno cuando, por ejemplo, no se pueden terminar de comprar ni medicamentos ni quimioterapias, o terminar el Tren México-Toluca cuyo impacto social es mayúsculo.
Claro, pero si el interés es político, dar oportunidad al aeropuerto, que dirige René Trujillo, el mismo hasta ahora inaccesible por vía terrestre y ante el cual las aerolíneas internacionales tienen variadas dudas, pues, entonces, ¡adelante con el subsidio!
Comisión de Vigilancia y ASF. Ayer les conté de los escarceos y negociaciones que hay para ocupar las presidencias de las poderosas comisiones de presupuesto y de Hacienda, en donde se perfilan la morenista Yeidckol Polevnsky y la panista Patricia Vaca Terrazas. Pero hay una tercera Comisión, la de Vigilancia, que, de acuerdo con las reglas no escritas, le corresponde a la tercera fuerza política, en este caso al PRI. La presidencia de tal Vigilancia es la llave que permite encarrilar o descarrilar los mandos en la Auditoría Superior de la Federación: como es sabido, el jefe de esa entidad, David Colmenares, quedó satanizado por el partido del Gobierno y por el mismo Gobierno tras que la Revisión de la Cuenta Pública 2019 estimó en 332 mil millones de pesos el costo de cancelar el NAIM. Estuvo a punto de ser echado a patadas por la mayoría de Morena. Pero hoy, con el cambio de mareas y una investigación en curso sobre presuntas desviaciones en anteriores compras de seguros por el Infonavit, actualmente a cargo de Carlos Martínez, Colmenares podría sostenerse en el cargo. Ya le contaré.
Adultos mayores, gasto extra. Los ingresos extraordinarios esperados este año suman 251 mil millones de pesos, de los cuales unos 101 mil millones de pesos vendrán por el aumento del precio del petróleo y 64 mil millones de ingresos tributarios. Pero una parte sustancial de ellos —la mayor parte no recurrentes— se usarán en gastos recurrentes cuando menos en el mediano plazo: las ayudas a los adultos mayores se incrementan a 3,400 pesos bimestrales y se reduce a 65 años la edad base de los beneficiarios, lo cual implica abarcar a cerca de 10.1 millones de personas: ello supondrá un gasto adicional de casi 57 mil millones de pesos anuales. A estas realidades se enfrenta el equipo de Rogelio Ramírez de la O, Alejandro Reynoso y de Miguel Siliceo.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
