Recientemente, de forma simultánea, dos temas fueron de interés en tribunales constitucionales mexicanos: la decisión sobre la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte y la crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Más vale tarde que nunca. El ministro presidente de la Corte anunció que dejará de ocupar ese cargo, en la fecha en la que ello está constitucionalmente programado, sin beneficiarse del polémico artículo transitorio, de la reforma legal aprobada a mediados de abril. Ciertamente, esa decisión lo honra, aunque tal renunciamiento llega tarde. Si de todas maneras iba a decir que no a esa manzana envenenada, flaco favor le hizo a los nobles propósitos originales de la reforma, al Poder Judicial en su conjunto, al Pleno de la Suprema Corte y, especialmente, a la investidura de su Presidencia, al dejar pasar tanto tiempo.
Habrá quien tal vez pueda interpretar que se estaba especulando si se podían “operar” las condiciones para que se aceptara esa extensión de mandato, una vez pasadas las elecciones, construyendo un clima de opinión proclive a esa decisión. Lo cierto es que nada de eso ocurrió: por el contrario, cada día que pasaba se hacía más costoso, políticamente, dejar al pleno de la Corte la decisión de sostener una disposición tan claramente violatoria de los artículos 97 y 100 constitucionales. Haberla avalado habría dado la señal perversa de que, con cierta voluntad partidista, la Constitución se puede violar, y, en este caso, gravemente, pues dejaba en punto muerto el central principio republicano de división de poderes.
Tribulaciones de un tribunal. En sus 25 años de existencia (e incluso en los 35 que incluyen los antecedentes del TRIFE y el Tribunal de lo Contencioso Electoral), el Tribunal Electoral jamás había experimentado una crisis institucional tan grave como la que experimenta actualmente su Sala Superior. Lo ocurrido en la jornada del 4 de agosto, fue el más gráfico episodio de la confrontación entre el magistrado presidente y una mayoría de magistrados, que se había venido construyendo, desde hacía tiempo, en contra de la errática conducción de la Presidencia, que había perdido la confianza de sus pares. El clímax llegó con la anómala situación de aparentar tener, por unos días, “dos presidentes”.
Si bien el presidente de la Suprema Corte no es el superior jerárquico del presidente del Tribunal Electoral, políticamente, algo debió de significar el duro mensaje que envió el ministro presidente, cabeza del Poder Judicial, del que también forma parte el Tribunal Electoral. Más aún cuando ese mensaje es reforzado por su vecino en la Plaza de la Constitución.
En mucho honra al magistrado Reyes Rodríguez su decisión de dar un paso de costado, para que inicie un interinato, a cargo del magistrado Felipe Fuentes, que —esperemos— permita amortiguar la crisis y haga que la atención se centre en donde debe estar: en la resolución de los medios de impugnación pendientes, para cerrar el proceso electoral de 2021.
Lo malo de todo este desafortunado proceso es que sirve para abonar en percepciones y argumentos, en el sentido de que es necesaria una nueva reforma electoral y, claro, así llevar agua para cierto(s) molino(s).