Recados públicos vuelan de Palacio Nacional al Congreso, la singular consulta popular para revocar o no el mandato del Presidente López Obrador —electo para seis años— se impulsa a contracorriente de sus adversarios políticos. El mandatario quiere ser ratificado y seguir.
Sin embargo, para que eso suceda el emblemático próximo 21 de marzo —es lunes— o el domingo 20, o cualquier día de ese benemérito mes —que no se cruce con la inauguración del aeropuerto General Felipe Ángeles—, primero su mayoría legislativa debe redactar las leyes secundarias sobre consulta popular que tiene pendientes.
Por eso el reclamo presidencial a legisladores y representantes, realizar un periodo extraordinario para desaforar al morenista Saúl Huerta, acusado de violación sexual contra un menor de edad, y al petista Mauricio Toledo, señalado de corrupto por mover cantidades de dinero que duplican sus ingresos como funcionario público, y no incluir en el apremio, la manufactura constitucional para la primaveral consulta popular del próximo año.
Dilemas: ¿habrá consulta? Hacer el juego o no a la consulta. ¿Y si pierde, quién vendrá a gobernarnos? Hasta los menos avezados en la teoría de juegos políticos saben que nadie promueve una consulta para perderla. El dilema de fondo es si el sí a la transformación que encarna AMLO, es abrumador o no.
El menos probable pero no imposible escenario es, si contra toda lógica, AMLO es despedido de un puesto de elección popular irrenunciable —por eso urgen las postergadas ¿intencionalmente? Leyes secundarias—, o pierde la confianza mayoritaria que, además, deberá alcanzar una participación del 40 por ciento del listado nominal de electores, para que su sentencia sea vinculatoria.
En ese supuesto, ¿a quién nombraría el Congreso a través de mayoría simple (la mitad más uno) para concluir el fallido sexenio? A imaginar. No parece sencillo que Morena, Monreal y Mier logren otro periodo extraordinario. La priista presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, llama a la calma y precisa que en realidad no debe haber —para ella no, para los morenistas el reclamo presidencial caló hondo— prisas por legislar algo tan delicado.
A partir del 1 de septiembre, tras su tercer informe de Gobierno, legislar sobre la consulta para revocar mandatos constitucionales será prioritario. Y dotar al INE de presupuesto en el paquete de ingreso-egreso de 2022, también. Si los astros oficiales no se alinean y por activas y pasivas no materializan el deseo político de su líder, el sambenito del fracaso vendrá endosado a las fuerzas conservadoras opositoras. Como es común.
Pero si la tarea es hecha, el dilema será para la oposición. Hacer el vacío o ir por todas para dar un salto al vacío. Si a la consulta no acuden 37.4 millones de simpatizantes lopezobradoristas para hacerla leyenda, entonces la victoria del sí —confío, quiero, apoyo el mandato presidencial— será pírrica. Y no un buen presagio para 2024. Los dilemas persisten. Y entretienen. Y distraen.