El fuero constitucional del que gozan las y los diputados y las y los senadores en México, fue concebido para evitar que el inicio de un procedimiento penal o fiscal, injustificado, en contra de integrantes del Congreso de la Unión, se usara como medio para entorpecer sus funciones o impedir su participación en votaciones relevantes.
Sin embargo, lo que originalmente fue ideado como un mecanismo de blindaje de la labor legislativa, con el paso del tiempo mutó en un vehículo de impunidad y como una justificación, prepotentemente esgrimida por quienes gozan de este privilegio, ante la solicitud de que acaten determinadas reglas o la menor provocación de que se les aplique una sanción de cualquier tipo.
Así, tras cuatro largos meses de postergar innecesariamente su discusión, el miércoles pasado —finalmente— la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de los diputados Mauricio Toledo (PT) —señalado por enriquecimiento ilícito—, y Saúl Huerta (Morena) —acusado de haber abusado de un menor de edad—, para dar paso a los respectivos procesos jurídicos en su contra.
Sin duda, ambos procesos fueron absorbidos por las propias dinámicas partidistas, aunado a la coyuntura de las elecciones intermedias de junio pasado. No obstante, su resolución se extendió de manera excesiva y adquirió tintes políticos en los que se involucró el reacomodo de fuerzas en San Lázaro, vendettas, cobro de favores y la reivindicación de antiguas alianzas.
Si ello no fuera suficiente, las diversas bancadas, interesadas en defender a los legisladores señalados, hicieron uso de cuanto argumento encontraron a su paso con tal de librar de las acusaciones a sus pupilos. En el colmo del extremo, un colega diputado trató de minimizar los señalamientos en contra de Saúl Huerta, so pretexto de que los hechos sucedieron en el ámbito personal. ¡Vaya argumento!
Al respecto, si bien ocupar un cargo público sujeta a quien lo detenta al escrutinio de la ciudadanía y, en ocasiones, diluye el ámbito público del de la vida privada, simplemente no existe tal cosa como que la justicia no aplique en el ámbito privado, y cometer un delito expone a cualquiera —funcionario o no— a la aplicación de la ley sin distingos —con o sin fuero—.
Por otro lado, al no provenir de los propios señalados, la voluntad de esclarecer los hechos —siquiera por una cuestión de cumplir con responsabilidad con el cargo desempeñado—, mínimamente se habría esperado una acción más comprometida del resto del cuerpo legislativo, para dar trámite al asunto. Pero, por el contrario, su lento ejercicio facilitó que ambos legisladores —ya prófugos— tomaran más previsiones para evadir la justicia.
En un universo paralelo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, recientemente renunció a su cargo, ante una investigación en su contra por acoso sexual. Aun sin un procedimiento penal iniciado formalmente, justificó su salida bajo el argumento de no obstaculizar el ejercicio de gobierno, y evitar un proceso de destitución.
Sin duda alguna, una forma muy distinta de hacer política y de tener plena consciencia de que la ley se aplica sin distinciones.
