Con una calificación de 87.72, hasta mayo pasado, Yucatán se mantenía como el estado más seguro del país, según el Índice de Competitividad Estatal 2021, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hoy esa calificación está en entredicho.
Porque fue ahí donde hace tres semanas sucedió un crimen tan espantoso, que tiene a la opinión pública con la mirada puesta en su capital, por las omisiones y contradicciones de sus autoridades en este caso.
“El Güero” —como le decían— se dirigía a una entrevista de trabajo el 21 de julio pasado, caminando por el parque de San Juan, en el Centro Histórico de Mérida y nunca llegó a su cita porque fue detenido por policías municipales por “parecer sospechoso”.
Un día después llamó a su madre en Veracruz, de donde era originario, pidiéndole ayuda porque había sido golpeado, torturado y abusado sexualmente por elementos de seguridad.
“Cuando llegué a Mérida encontré a mi hijo vomitando sangre”, revelaría después María Ravelo quien lo llevó al hospital Agustin O’Harán, donde el joven fue cuestionado sobre sus preferencias sexuales: “El doctor sólo le preguntó si era gay y yo le respondí que él ya dijo que no es gay y aunque fuera, nadie tiene derecho golpearlo y violarlo”, reveló la madre de la víctima.
Pese a sus lesiones, el chico no recibió la atención médica necesaria. Su madre interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El médico legista que revisó al joven, constató los golpes y violación, y pidió su hospitalización urgente.
José Eduardo Ravelo de 23 años, murió el 3 de agosto, víctima de un síndrome de destrucción orgánica múltiple y politraumatismo, de acuerdo al informe forense.
El caso, hoy se suma a las 84 quejas registradas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, sólo de marzo a agosto de 2020, en contra de cuerpos policiales de 18 municipios y otras 10 que señalan violaciones a Derechos Humanos, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Este organismo también documentó, hasta noviembre de 2020, 22 fallecimientos de personas detenidas y en custodia de autoridades municipales y estatales; algunos casos incluyen “suicidios”, que no se han comprobado.
Como el caso de José Luis Cauich Yérvez, de 27 años, quien murió en diciembre pasado dentro de una camioneta policíaca, media hora después de haber sido detenido. O el caso de Gabriel “M” en 2019, cuyo rostro quedó casi irreconocible, 24 horas después de haber sido detenido, por presuntamente “acechar un domicilio”, hecho que él siempre negó.
#EnYucatánSíPasa es el hashtag utilizado en redes sociales por muchas personas que han protestado exigiendo justicia para José Eduardo, quien a pesar de no identificarse como un miembro de la comunidad LGBT, fue percibido como una de las posibles causas de la tortura y violación que acabó con su vida, por lo que se estableció primero como un crimen de odio por homofobia.
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, expresó su compromiso de esclarecer el hecho y pronto se procedió a la detención de los 4 policías municipales, presuntos responsables del crimen de José Eduardo.
Renán Barrera, alcalde de Mérida, externó sus condolencias a la madre asegurando que las “extrañas circunstancias” en las que se dio el fallecimiento se investigaban; pero después declaró que la detención del joven se dio porque se encontraba “bajo el efecto de las drogas”, razón por la cual lo habrían subido al vehículo oficial.
Para Amnistía Internacional, la detención de José Eduardo a razón de un “estado inconveniente” es preocupante, pues el consumo de algunas sustancias en nuestro país no es un ilícito y una persona que no ha cometido un delito, en teoría no puede ser detenida.
Conapred se unió al llamado para que las autoridades competentes investiguen estos crímenes con perspectiva antidiscriminatoria y de derechos humanos, además de brindar acompañamiento y asistencia a las familias como víctimas indirectas del delito.
La dolorosa realidad es que en Yucatán menos del 40% de los agentes policíacos cuenta con el Certificado Único Policial que pretende acreditar el proceso de evaluación de control y confianza, la evaluación de competencias básicas o profesionales y la evaluación del desempeño académico, y en cuanto derechos humanos ¡Nada!
Y mire usted qué curioso, esta misma semana se anunció una capacitación en esta materia a 106 corporaciones del estado de Yucatán para “sensibilizarlos y prevenir abusos policíacos”…Pero José Eduardo está muerto y murió en la Mérida que así pasa de ser considerada una de las mejores ciudades para vivir, a una donde la autoridad podría estarse burlándose de la ley…
