En 1994, el entonces presidente Zedillo planteó una reforma constitucional que modificó radicalmente la estructura del Poder Judicial federal.
A partir de su entrada en vigor, la Suprema Corte reforzó su carácter jurisdiccional en tanto que las tareas administrativas se atribuyeron a un nuevo organismo: el Consejo de la Judicatura Federal. Dos años después (1996), se aprobó otra reforma que creó al Tribunal Electoral federal. El desfase temporal entre ambas modificaciones constitucionales tuvo como resultado que el Consejo de la Judicatura tenga atribuciones muy limitadas para regular la administración, vigilancia y carrera judicial al interior del tribunal. Aun cuando tres de sus consejeros participan en su Comisión de Administración, lo cierto es que el presidente del Tribunal concentra el control de sus recursos.
La carencia de mecanismos efectivos para supervisar la gestión administrativa, aunada a la concentración de facultades en una comisión dominada por su presidente, ha propiciado la corrupción en el Tribunal Electoral. En 2007, Flavio Galván, entonces presidente de la Sala Superior, renunció a su cargo (aunque permaneció como integrante), debido a una denuncia en contra de su coordinadora de asesores quien intentó cobrar una comisión millonaria para asegurar la compra de un inmueble. Más recientemente, la presidencia del magistrado Vargas ha sido abundante en escándalos. Además de estar sujeto a investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (que lo ha denunciado por enriquecimiento ilícito), ha sido notoria su inconformidad por los límites establecidos por la Comisión de Administración. Recordemos que en marzo pasado intentó desconocer sus acuerdos, acusando a los consejeros de la judicatura de obstruir el funcionamiento del tribunal.
En las últimas dos semanas, la opinión pública presenció la rebelión de cinco de los integrantes de la Sala Superior quienes, actuando fuera de la ley, desconocieron al presidente nombrado por ellos en 2019, designando un sustituto. El presidente depuesto calificó la acción de sus colegas de golpe de Estado. La crisis tuvo como resultado que la titularidad de la presidencia estuviera en disputa durante una semana. Gracias a un arreglo político, propiciado por el presidente de la Suprema Corte, la crisis de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal fue temporalmente resuelta.
Lo sucedido obliga a reflexionar sobre el futuro del tribunal. Es innegable la necesidad de establecer controles más efectivos a la gestión de su presidente, reforzando la intervención del Consejo de la Judicatura. Si ahora se encontró una solución, es deseable que a futuro existan normas que resuelvan las diferencias, sin necesidad de acudir a mediaciones políticas. Otro aspecto es el relativo al perfil de los magistrados electorales. Recordemos que en 2016 cuatro de ellos se beneficiaron de una negociación interpartidista que indebidamente amplió el plazo para el que fueron originalmente nombrados. Sin ir más lejos, hace unas semanas el recién designado presidente de la Sala Superior fue exhibido por utilizar el taller mecánico del Tribunal Electoral para reparar su colección de autos clásicos. Merecemos un tribunal cuyos magistrados se conduzcan con honestidad y transparencia.
