Si la ley se aplica sin filtros, los motociclistas heridos y los deudos de los fallecidos en los tres accidentes acontecidos en la autopista México-Cuernavaca hace nueve días no podrán reclamar seguro alguno a Caminos y Puentes Federales —a cargo de Julita Veites—, pues tanto las declaraciones de algunos participantes en esos percances aseguran que rebasaron en hasta más de 130% el límite de velocidad, declaraciones que fácilmente confirmarán los peritajes que efectúe la Guardia Nacional, al mando de Luis Rodríguez Bucio.
Si un vehículo se accidenta arriba de la velocidad reglamentaria el seguro de viajero expedido por Capufe —señala la cláusula de servicio en cada ticket de peaje— no será aplicable. En consecuencia, Caminos y Puentes puede reclamar a los bikers involucrados daños y perjuicios provocados a la infraestructura pública por una severa infracción a las reglas de tránsito. La lucha de egos entre motociclistas (reportado magistralmente en estas páginas por nuestra colega Andrea Velasco) topa con la realidad contractual del uso de autopistas… pero con toda seguridad seguirá siendo así debido a la disminución de la operatividad técnica y organizativa de lo que fue la Policía Federal de Caminos.
Hace dos décadas, la Policía Federal de Caminos era una organización civil adscrita y entrenada por la SCT y, pese a diversos eventos, era confiable y apreciada por los ciudadanos. La primera disminución vino en el Gobierno de Felipe Calderón, cuando Juan Molinar Horcasitas al frente de la SCT consintió el traspaso de esa policía a la Secretaría de Seguridad, en manos de Genaro García Luna; en el Gobierno de Enrique Peña se reasignó como parte de la PFP, pero sin equipamiento y mandos especializados en la vigilancia carretera.
¿Usted cuántas veces vio en esos años letreros en la carretera con la leyenda “radar en operación” sin saber nada de ese radar o de patrulla alguna mientras rompía el velocímetro?
La última degradación es cuando lo restante de la Policía de Caminos, parte del Servicio Federal de Protección, a cargo de Manuel Espino, pasa a ser parte de la Guardia Nacional…, y que conforme al oficio C.E.I. No. GN/EO/3013 del 5 de mayo del 2021 revelado por Animal Político, el manejo de la vigilancia carretera pasará de policías civiles a mandos militares.
El pasado domingo se presentó la GN a vigilar la rodada de bikers para conmemorar a sus cofrades que murieron (y que hirieron a muchos otros) al violar la ley. Ahogado el niño, a tapar el pozo. Conmemoración y despliegue de fuerza por un día…, pero no es visible quién ejercerá la vigilancia de las normas carreteras y evitará que la “subcultura de la velocidad” —como la cataloga el excomisionado de la Policía Federal Manelich Castilla— provoque nuevas y mayores desgracias.
Ravelo, vicios de investigación. Las investigaciones judiciales mal hechas son otro veneno para las actividades económicas y las inversiones. Por eso preocupa en el medio empresarial los vicios en la indagatoria del horrible asesinato del joven José Eduardo Ravelo. Y es de tal magnitud el desaseo en que incurrió la fiscalía de Yucatán que Andrés Manuel López Obrador decidió atraer a la Federación un caso local: y es que los 4 policías detenidos como presuntos culpables fueron liberados, pues la fiscalía local desestimó las declaraciones de la propia víctima de que hubiese sido abusado por los agentes que lo detuvieron, amén de que aparentemente no fueron los mismos uniformados quienes hicieron la detención y los que llevan inconsciente al joven Ravelo portan otros uniformes sin insignias, según muestran lo videos aportados como pruebas. El cúmulo de inconsistencias provocan más dudas que certezas. Le corresponde a Alejandro Gertz Manero clarificar y sancionar, caiga quien caiga.
Altán, los enojos. Mañana les cuento…, pero todos los bancos de desarrollo que le metieron capital a la Red Compartida están que trinan por los términos de reestructuración que busca Altán, a cargo de Salvador Álvarez, genera pérdidas de gran cuantía sin que exista un plan de negocio firme de largo plazo. Ojo.