La libertad académica se entiende como el derecho irrestricto del personal académico a la libertad de enseñanza, opinión y discusión, en la realización de sus investigaciones y difusión de éstas. Abarca también el derecho a opinar libremente sobre la institución o sistema en que trabajan y participar en organismos académicos profesionales o representativos.
Partiendo de directrices definidas por entes como la UNESCO, se reconoció el derecho de las y los colegas para expresar libremente opiniones en la institución que les emplea, desempeñando sus funciones sin discriminación, miedo o represión. También la libertad de participar en organismos académicos profesionales, con plenitud de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Para lo que se concibe que los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir conocimientos e ideas mediante la investigación, docencia, estudio y debate, entre otros procesos.
Pero no puede entenderse la vida académica, en ningún lugar o tiempo, sin comprender el marco social e institucional en el que opera. Pues los objetivos y prácticas de cualquier comunidad científica dependen del contexto social más amplio. Necesitan aterrizarse en un piso firme. Éste determina el grado y modo de integración de la actividad científica en la sociedad y los nexos con quienes detentan el poder.
Es conocido el rol activo de las comunidades académicas latinoamericanas en la defensa de sus colegas y centros bajo los autoritarismos de derecha de la Guerra Fría. Desde centros de pensamiento autónomo, diversas generaciones de académicos se movilizaron ante los problemas de represión, privatizaciones y exclusión social que vivían sus países. No obstante, cuando miramos a la realidad regional, la libertad académica vive aún hoy horas aciagas, amenazada por actores antidemocráticos de diversa ideología y objetivos. Tanto desde movimientos y gobiernos radicales de izquierda, como populismos conservadores de derecha.
Con el regreso de la democracia en Argentina, Brasil, Chile y Centroamérica se recuperaron los derechos a la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la incidencia pública en la vida política nacional. Pese a ello, en varios países, políticos de derecha hacen ahora campaña contra universidades, por ser portadoras de “discursos subversivos” como la llamada ideología de género, al tiempo que continúan intentos de restringir presupuestos y de acotar la autonomía de universidades federales, por medio de la elección de sus rectores. Los recortes de fondo, bajo programas de gobiernos neoliberales, impactan materialmente la forma de realización efectiva de una libertad académica formalmente garantizada por las democracias de la región.
En la otra acera, los regímenes “revolucionarios” hacen lo suyo. En Cuba, se ha generado un tipo de sujeción político-ideológica académica sistemático, bajo el control de la burocracia. Podemos encontrar hoy sugerentes análisis y debates sobre temas como pobreza, género y racialidad, que desafían las visiones hegemónicas. Pese a ello, una viceministra de Educación Superior sentenció “el que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”. En Nicaragua y Venezuela han sufrido el cerco financiero y la injerencia gubernamental, en medio de la represión a la sociedad civil.
El Estado es, ciertamente, el principal responsable a garantizar la libertad académica. Pero no es único que puede afectarla. En la región operan poderosos intereses empresariales, poco regulados, que favorecen una creciente mercantilización del proceso de producción y difusión del conocimiento. También diversos actores criminales —coludidos o no con políticos— llevan la violencia al seno de comunidades académicas. Por último, los activismos políticos de la academia también pueden atentar contra la libertad en el seno de ésta, a partir de la sobrerrepresentación de discursos y cancelación de personas, debates y garantías.
Sobre la libertad académica pende, en la región, una amenaza multidimensional. Toca defenderla y ampliarla, por el bien común. Para que aquella idea de democracia de ciudadanas y ciudadanos deje de ser un mero eslogan, anclándose en un firme suelo epistémico, educativo y civil.
