Combatir la trata de personas requiere un esfuerzo de coordinación inmenso, fundado en esquemas de alianza entre ciudadanía y autoridad eficientes, de nueva generación.
Prácticamente desconocemos el 99 por ciento de los incidentes de trata de personas que se registran en México, uno de los lugares de origen, tránsito y destino de las víctimas con más incidentes en el mundo, a decir de una treintena de organizaciones de las cuales forma parte el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
A las dificultades para el castigo de cualquier delito se agrega, en el caso del ya mencionado, la inmedible dificultad de las víctimas para reconocerse como tales, en una situación de victimización auto-ignorada que agrava el escenario.
Con frecuencia mayor a la esperada, el tratante es padre de una hija o hijo de la víctima, quien llega a desarrollar, con ese presunto criminal, lazos afectivos, legales y comunitarios que inhiben la conciencia y, por consiguiente, la probabilidad de una denuncia.
Sí existen estados asociados con la naturalización local de este delito, con extensiones y repercusiones que llegan a Nueva York o a Europa, entre ellos se encuentra Tlaxcala.
Conversé este martes con la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, en el Salón Juárez del Palacio de Gobierno de esa entidad. Le presenté un diagnóstico inicial del tema con el propósito de hacer valer la agenda que desde y en el Consejo Ciudadano promovemos para tener impacto en el combate a esta forma moderna de esclavitud.
Tlaxcala tiene un subreporte de este delito, a tal grado que durante un par de años de la pasada administración existieron cero casos —número redondo y contundente—, respecto de carpetas abiertas para perseguir un crimen de alcance local, regional y global, que además de ser uno de los más lucrativos, es también uno de los más difíciles de probar, de catalogar por el Ministerio Público y que, ante abogados muy capaces por parte de la defensa, puede hacer intransitable el acceso a la justicia de las víctimas durante años.
Es digna de reconocimiento la inmediata disposición y contundente compromiso que mostró la gobernadora Cuéllar Cisneros —quien tomó el despacho hace apenas una semana— a enfrentar el problema, como dijo ella: “con un claro diagnóstico, comprensión de la situación de las víctimas y con la decisión para combatirlo de manera definitiva”.
En el mediano plazo, para Tlaxcala podría ser pertinente instrumentar una Comisión interinstitucional como la existente en la CDMX, encabezada por el gobierno de Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Gobierno, un instrumento que procesa análisis e intervención oficial y social respecto de la trata.
Tlaxcala puede y debe dejar de ser uno de los espacios de impunidad respecto de la trata de personas. La coordinación y la decisión política de gobernantes como Cuéllar Cisneros es indispensable.