Jean-Paul Sartre dijo: “Los homosexuales son los judíos de Cuba”. Lo dijo a propósito de la persecución en la isla a escritores y gente humilde por el simple hecho de ser gays. En el siglo XXI, el Estado mexicano se está yendo contra otro colectivo: los científicos.
La Fiscalía de la República insiste en citar a 31 investigadores en las oficinas en las que deberían encargarse de desmantelar cárteles de la droga. La acusación es por desvío de recursos, al haberse creado una asociación civil y recibirse en ella dinero del Conacyt. Pero los cargos no tienen ni pies ni cabeza. Los notarios públicos saben que las instituciones públicas de educación superior pueden asociarse para constituir una AC y lo pueden hacer junto con organizaciones privadas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la participación social en los asuntos del país, como lo son las políticas de ciencia y tecnología, es un derecho fundamental. Está reconocido por tratados internacionales suscritos por México. Toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su patria. Y, en el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, sus integrantes cumplieron requisitos para participar.
En segundo lugar, muchos de sus integrantes creían sinceramente que el FCCyT era la mejor vía para apoyar la innovación en México, al lado de representantes de empresas, sí, porque son éstas las que pueden comercializar inventos y hacer crecer la economía. Basta leer a algunos de los expertos del FCCyT, como la doctora Gabriela Dutrenit, que ha dedicado su vida a estudiar cómo lograr que la participación social en la ciencia sea efectiva, produzca patentes y tecnología. Si los perseguidores compraran algunos de sus libros, los leyeran y lograran entenderlos, se llenarían de vergüenza. Esos libros son prueba irrefutable de buena fe, porque respaldan con razones órganos como el FCCyT. La obra de los científicos perseguidos es la mejor demostración de su inocencia. Nulla poena sine culpa. No puede haber castigo cuando alguien no es culpable.
Se vale diferir del llamado “enfoque de la gobernanza” (véase el libro de Luis Aguilar: Gobernanza y Gestión Pública, FCE), que considera que el Gobierno es incapaz de implementar soluciones exitosas sin la participación social. Lo que no se vale es criminalizar las diferencias ideológicas.
Se ha observado que en el choque entre Julia Taguëña y Elena Alvarez-Buylla hay dos corrientes del exilio español. El padre de Tagüeña fue el último soldado en cruzar el puente sobre el Ebro en la batalla final de la Guerra Civil. El abuelo de la directora del Conacyt, Wenceslao Roces, fue traductor de Marx y entusiasta partidario de la Revolución cubana. Lo cierto es que quien lea a Orwell o vea el filme de Ken Loach sobre la guerra civil española, verá el violento combate que enfrentó a autonomistas y estalinistas. Unos ponían en lo más alto el potencial de la participación autónoma, mientras otros creían en el férreo control centralizado. Llegaron a echarse bala entre sí como enemigos mortales. Ambos perdieron la guerra.
