En dos de los sectores más importantes del país, el empresarial y el obrero, se han comenzado a gestar conflictos que de no ser enfrentados y resueltos pronto, van a contribuir a agravar la situación que en diversos órdenes enfrenta el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, justo a la mitad de un sexenio que dista de lo que en las elecciones de 2018 se ofreció que sería.
Por un lado, las diarias andanadas contra empresarios, a los que se acusa de “robar” al país, responsabilizándolos de respaldar a gobiernos neoliberales y enriquecerse sin recato e ignorar su contribución al desarrollo y progreso, comenzaron a endurecer sus respuestas y, por otro, disputas sindicales por diversos contratos, como en empresas con millonarias inversiones extranjeras en Aguascalientes y Guanajuato o la actual en la refinería de Dos Bocas, van a empeorar las cosas.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Después de que un juez federal ordenó al Gobierno modificar la Política Nacional de Vacunación y aplicar las dosis contra el Covid-19 a menores de 12 a 17 años, sin importar su condición de salud, el Presidente López Obrador anunció que impugnará la resolución del titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México, “porque no es una cosa juzgada”, ya que “una política pública no puede definirse por interés de una persona o un grupo”.
Arguyó que “no es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores: es que no hay una recomendación médica en ese sentido; todavía no definen si puede causar daño, esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell muchísimas veces”, al volver a respaldar a uno de los funcionarios más cuestionados de su Gobierno por el manejo de la pandemia.
La cuestionada Ley de Revocación de Mandato, con la pregunta modificada y aprobada por el Congreso, con la adición a la fracción 9 del artículo 35 constitucional, sobre si se debe ratificar al Presidente López Obrador, que desvirtúa el precepto, motivó que los coordinadores de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados, presentaran ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad.
Señalan que en esa ley se amplía indebidamente la pregunta de si se debe o no revocar el mandato, a la de que si debe ser ratificado el que constitucionalmente ostenta hoy el actual titular del Poder Ejecutivo, al precisar que ninguna ley secundaria puede ampliar, modificar o sustraer lo establecido en la Carta Magna.
Esa investigación de la Fiscalía de la CDMX, que atribuye a “errores en su construcción y diseño” el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro, ubica al canciller Marcelo Ebrard en el ojo del huracán.
