¿Qué le puede preocupar al exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que el Consejo Nacional de su partido le niegue “licencia” o amenace expulsarlo si acepta ser embajador en España, como públicamente se lo propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, o que haya permitido tanta violencia en esa entidad como la del culiacanazo, que desató la captura de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, liberado por orden del Presidente para evitar una masacre?
¿O que por abulia, desinterés, debilidad o temor, durante su mandato, la violencia se generalizara hasta municipios recónditos en los que grupos criminales mandan e imponen la ley, su ley, como lo revelaran informaciones y reportajes en medios locales y nacionales? Por lo pronto, hasta su sucesor, el exsenador morenista Rubén Rocha Moya, que el domingo tomó posesión, lo quiere ver lejos… allá, en España, y seguramente fuera del PRI.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Ironías de la vida: justo cuando la violencia en todos los rincones del país se ha recrudecido y la inseguridad en poblaciones enteras sobreviven aterradas, con índices delictivos que rebasan los registrados en años y sexenios anteriores, México asumió ayer, durante este mes, la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU.
De no haber un cambio de última hora, a la sede de ese organismo en Nueva York, asistirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anticipó que hablará de lo mismo de que en sus mañaneras semanales de Palacio Nacional, la corrupción y también de desigualdad, tráfico de armas y migrantes, según lo que se ha anticipado.
Hasta ahora, el canciller Marcelo Ebrard es el que acude a cuanto evento internacional se realiza desde que comenzó el sexenio, debido a la reticencia permanente del Ejecutivo federal a viajar fuera del país y la sola única ocasión que lo hizo fue a Washington, invitado por su “amigou” Donald Trump, cuando gobernó el vecino país y se obsesionó tanto en reelegirse, aún con presiones y hasta aquellos trágicos hechos de violencia en la sede del Congreso, que le merecieron condena mundial.
La Auditoría Superior de la Federación reportó que el gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad acordaron en 2020 el programa “Adiós a la Deuda” para supuestamente regularizar el cobro del suministro eléctrico por un adeudo de 10 mil 285.6 millones de pesos que no se pagaron porque “se tuvo que atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 los y desastres por las inundaciones”, lo que dejó un saldo vencido de siete mil 17.1 millones de pesos.
Oootra vez, el Tribunal Electoral “prohíbe” a AMLO opinar de la revocación de mandato e, igual que en anteriores, seguramente tampoco hará caso.
