No es la primera vez que se escucha, en sectores de la izquierda tradicional de México, que la agenda de los derechos de tercera y cuarta generación, que intenta proteger a diversas comunidades contra la discriminación, el racismo, el machismo, le xenofobia, el desastre ambiental y la exclusión cultural, forma parte de un plan imperialista para despolitizar a las masas y desalentar la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Siempre ha sido contradictorio ese reclamo, ya que cuando los enfoques multiculturales y postmodernos comenzaron a difundir la nueva filosofía de los derechos humanos, en los años finales de la Guerra Fría, aquellos movimientos (feminismo, indigenismo, antirracismo, ambientalismo…) también respaldaban las causas nacionales y anticoloniales del Tercer Mundo. El postmodernismo occidental, especialmente en su rama postcolonial, dio aliento a los nacionalismos periféricos y a los llamados “sujetos subalternos”.
No se entiende el nuevo constitucionalismo latinoamericano de fines del siglo XX y principios del XXI, que llega hasta los proyectos bolivarianos en Venezuela, Ecuador y Bolivia, sin los derechos de tercera y cuarta generación. Especialmente, las constituciones de Bolivia y Ecuador, con sus conceptos del “buen vivir” y los derechos de la “madre tierra”, serían inconcebibles sin aquella expansión de los derechos sociales, económicos y políticos del liberalismo y el socialismo clásicos.
Atribuir esa expansión al “neoliberalismo” es un despropósito calculado. No hay manera de establecer una relación causal entre ambos fenómenos, aunque no deja de ser cierto que a partir de los años 90, las democracias y los capitalismos avanzados adoptaron esas agendas, por las que pugnaban las llamadas “minorías” y sectores desfavorecidos de las sociedades occidentales. Esa adopción fue paralela a la que realizó la propia izquierda latinoamericana de la post-Guerra Fría que, a principios del siglo XXI, produjo el nuevo constitucionalismo.
En México han tenido lugar dos fenómenos fundamentales en ese proceso de dilatación de los derechos humanos: el relanzamiento del indigenismo a partir de la rebelión del EZLN en Chiapas, en los 90, y, más recientemente, la Constitución Política de la Ciudad de México de 2017. Este documento jurídico, fundamentalmente impulsado por la izquierda de la capital, que al año siguiente se sumaría al proyecto de Morena, es una de las últimas muestras de apropiación del paradigma de los nuevos derechos.
Si esos nuevos derechos son producto del neoliberalismo, entonces, ¿la Constitución capitalina es neoliberal? El ataque a la agenda de los nuevos derechos se ha renovado, en años recientes, en algunos autoritarismos globales como el ruso, el turco, el polaco o el húngaro. También ha sido enarbolado por líderes de la nuevas derechas continentales como Trump, Bolsonaro o Bukele. El cálculo del despropósito va por ahí.
