En las primeras horas del domingo pasado, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, sin moverle una sola coma al dictamen, a pesar de las casi dos mil reservas presentadas por los diversos grupos parlamentarios.
Así, sin una sola modificación al proyecto, fue como se concretó —entre otros— el recorte de casi cinco mil millones a los recursos solicitados por el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo sus funciones del próximo año, a pesar de la comparecencia, en días pasados, de Lorenzo Córdova —presidente del INE— ante la propia Cámara, para justificar los recursos solicitados.
Como parte de la agenda electoral de 2022, se incluye la consulta sobre la revocación de mandato, promovida por el propio López Obrador y defendida por la misma mayoría legislativa que avaló el recorte al órgano electoral. A este mecanismo de democracia participativa de reciente creación, se suma —entre otras elecciones— la renovación de las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Si bien para cierto sector de la ciudadanía podría parecer que la autoridad electoral busca bloquear los ejercicios de democracia participativa, impulsados por la actual administración, la realidad es que ha habido una confrontación directa, por diversas vías, en contra del INE desde el inicio del actual Gobierno. Además, se trata del cuarto año consecutivo en que la Cámara le reduce el presupuesto, a pesar de tener la responsabilidad de organizar la que fue la elección más grande de la historia y la consulta ciudadana sobre el mal llamado “juicio a expresidentes”, ambas en el presente año.
Sin embargo, hay una diferencia logística relevante entre la organización de la revocación de mandato y la consulta popular de agosto pasado —misma que el INE organizó con toda puntualidad y pulcritud—, a pesar de no contar con el presupuesto necesario para llevarla a cabo. En el caso de la consulta, se instalaron 59 mil casillas en todo el país, sin que la legislación estableciera una cantidad mínima de éstas. Por el contrario, la ley de revocación de mandato señala que deben instalarse las mismas casillas que en una elección federal, lo que obligaría a la autoridad electoral a instalar alrededor de 162 mil.
En este sentido, Lorenzo Córdova ya anunció que se pone en peligro el ejercicio de revocación, por lo que no emitirá la convocatoria correspondiente si los recursos son insuficientes. Además —adecuadamente—, adoptará las decisiones jurídicas convenientes para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine si es posible instalar un menor número de casillas, por la evidente falta de recursos o, en su defecto, quien instruya a las instancias competentes generar los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio.
Se trata, pues, de una prueba más para el Instituto Nacional Electoral que, una y otra vez, deja en claro que su labor es sinónimo de calidad y eficiencia, y que constituye una de las instituciones de mayor prestigio del Estado mexicano.
