Es conocido que la entrada ilegal de armas en México es una realidad. Empresas armamentistas estadounidenses y europeas se hacen de la vista gorda e inclusive el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en la entrada ilegal de armas en un operativo inútil llamado “rápido y furioso”, que no tuvo ningún resultado para detener a integrantes del crimen organizado en nuestro país.
En Alemania, en cambio, sí se enjuició a culpables del tráfico ilegal de armas que llegaron a México. Tanto la empresa como dos exempleados fueron culpados por este caso que pudo haber pasado desapercibido, pero que al final tuvo consecuencias.
Si embargo, en México hasta el momento no ha habido ningún proceso para enjuiciar a los culpables de gobiernos anteriores del PRI y el PAN por dejar entrar armas de manera ilegal que al final llegaron a manos del crimen organizado.
México tiene un grave problema, y es que muchas agresiones violentas en contra de la sociedad han quedado impunes, sin consecuencia legal alguna, lo que motiva que se sigan cometiendo actividades ilícitas que van desde asesinatos, secuestros, fraudes y hasta desvíos de recursos públicos.
En menor medida, también en Europa hay corrupción, abuso de poder e impunidad, pero no en el nivel de nuestro país y, sobre todo, en Latinoamérica. Con la filtración de documentos ha quedado demostrado que los ricos siguen evadiendo la ley para pagar menos impuestos a pesar de representar un porcentaje mínimo de gente privilegiada que no tiene las preocupaciones que millones de personas sortean todos los días con los principales satisfactorios de vida como son la salud, los alimentos o la vivienda.
El tráfico ilegal de armas es un problema muy grave que alimenta el poderío de las organizaciones criminales que operan en México, mientras que las empresas productoras de armas son omisas ante el daño que causan con tal de seguir aumentando sus capitales. Por ello, el gobierno mexicano aplica ahora una estrategia distinta a la de gobiernos anteriores y prefiere atender de fondo los problemas de pobreza y desigualdad como una primera medida para disminuir la violencia. Se necesita un cambio a base de justicia y cero impunidad.