Si como aquí apuntamos ayer, en la 4T hay preocupación de que se venza el plazo y no alcancen a recabar las firmas para la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en abril del año próximo, en el INE están peor, porque aún tras ajustar su presupuesto, les faltan dos mil 554 millones de pesos, que se requieren invertir en ese proceso, el cual está en serio riesgo de no realizarse.
El consejero Ciro Murayama reveló que aún con las restricciones de recursos que se han hecho, solamente tiene uno de cada tres pesos que necesita para esa tarea, de lo que responsabilizó a la Cámara de Diputados por el recorte presupuestal, ya que no hay recursos para capacitar y lograr la instalación de mesas de votación, ya que “así de grave, así de fuerte y de drástica, fue la reducción aprobada”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
En la alcaldía de Tlalpan se inició ayer la aplicación de la tercera dosis para adultos mayores de 60 años, con la vacunación de AstraZeneca, que se utiliza sea cual haya sido la que le pusieron en las dos anteriores –la Sinovac a los tlalpenses– explicó Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, al anunciar que esa labor se realizará hasta el domingo 12.
Informó que hay dos sitios para ello: la Escuela Nacional Preparatoria 5, de Coapa, y Cencis Marina, en la explanada de esa dependencia, en la que comenzó de acuerdo al orden alfabético y con la presentación del comprobante de haber completado el esquema de vacunación, hace más de seis meses, antes del 12 de junio.
Desde Zapopan, donde fue la mañanera del Presidente, de gira por Jalisco, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que simultáneamente, esa única dosis adicional, se inició también en esa misma entidad, la CDMX, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, sin la presentación de ningún pre-registro sino únicamente una identificación, y será solamente para personas mayores de 60 años, por ser las más vulnerables.
Días, semanas y meses transcurridos confirman el fracaso de la política gubernamental de seguridad de “abrazos y no balazos”: los primeros que reparten las autoridades y los segundos que disparan sicarios de las decenas de cárteles del narcotráfico, que cada vez asumen más el control de comunidades, municipios y buena parte de entidades federativas.
Destinos turísticos como Quintana Roo, son ahora blanco de grupos armados que a bordo de motos náuticas balacean playas, y de Mexicali se reporta el asesinato de una familia y la ejecución de una joven abogada en su propio despacho, mientras que en Zacatecas hay “desfiles de sicarios”, con todo y Guardia Nacional, destacada en ese estado.
