Mientras que en los altos niveles de Gobierno de nuestro país se insiste en asegurar que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos son cordiales y de mutuo respeto, no pasa día ni semana en que el Departamento de Estado anuncie en Washington nuevas “alertas” a sus conciudadanos a no viajar a México, sea por la brutal violencia que han recrudecido las decenas de cárteles del crimen organizado o, ahora, por el riesgo de contagios de Covid-19.
Si a eso se agrega la devolución de visas a elementos de las distintas agencias de seguridad estadounidenses, que cumplen tareas a lo largo y ancho de la República, que les habían sido restringidas, parece quedar claro que las presiones del vecino del norte no cejan, como tampoco actitudes complacientes que así lo evidencian, por más expresiones de independencia y autonomía para hacer creer lo contrario.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Lo que se temía que ocurriría en Chiapas por el arribo de migrantes procedentes de Centroamérica, que a toda costa buscan llegar a Estados Unidos, aunque no por enfrentamientos con efectivos de la Guardia Nacional, sino por la volcadura de un tráiler procedente de Comitán, en la que medio centenar de ellos que iban a bordo pereció, y otro tanto resultó gravemente herido, varios reportados como muy graves.
Ese trágico accidente ocurrió ayer por la tarde en el tramo entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, de la carretera Panamericana, en donde al salir de una curva, el conductor perdió el control, chocó contra el puente peatonal Ángel Albino Corzo y se desprendió la caja en la que viajaban adultos y menores de distintos países.
Arrecian las andanadas de legisladores de oposición y juristas que coinciden en que, contra lo que arguyó la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, para negarse a atender la petición de 57 de sus colegas de que la Cámara alta presentara una controversia constitucional contra el “decretazo” presidencial, de declarar de “seguridad nacional”, porque “sería improcedente”, que es una facultad de la Suprema Corte de Justicia, en la que ella fue ministra 15 años.
De risa, la creación de Fuerza Solidaria Progresista por parte de los dirigentes de los tres mini partidos, a los que el Tribunal Electoral ratificó el retiro de sus registros, aprobado por el INE, por no alcanzar el tres por ciento de la votación nacional en los comicios de junio pasado, y que ahora anuncian que buscarán “una reforma electoral de vanguardia”. Todo, tras perder las prerrogativas que se les otorgaban.
Causó escozor a no pocos, el acto en el que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rindió su tercer informe de labores en el Palacio de Minería. Sobre todo a quienes simpatizan con otros presidenciables.