Si la soberbia es una de las peores actitudes de los funcionarios públicos, cuando se combina con la ignorancia sobre las tareas y responsabilidades del cargo, resultaron decisiones entre fantásticas y peligrosas, seriamente peligrosas… como las que la que ha tomado la Comisión Reguladora de Energía, que preside Leopoldo Melchi García, de imponer una inexistente certificación para tractocamiones que mueven remolques y semirremolques de combustibles, una medida que amenaza paralizar la distribución de gasolina y diésel en zonas estratégicas del país.
Bajo la premisa de que en las terminales privadas de combustibles algo turbio se mueve (contrabando, huachicol, neoliberales, etc.), la CRE envió desde mediados de año inspectores a diversas instalaciones en Veracruz, Puebla y Nuevo León. Y de ahí se les ocurrió la brillante idea de exigir que los tractocamiones estuvieran certificados ante la CRE… o sea exigir un trámite que no existe siquiera en esa misma comisión.
Los remolques y semirremolques usados para tales menesteres requieren estar certificados por la SICT y debidamente registrados ante la Dirección General de Autotransporte Federal de Carga de la SICT, de Salomón Elnecavé, así como pagar un aprovechamiento (poco más de 23 mil pesos) a la CRE.
Pero derivado de este invento burocrático, esa Comisión no libera los permisos para que se muevan los remolques ni los semirremolques ¡pues no puede dar registro para los tractocamiones!
La Canacar envió el 3 de noviembre pasado una carta impecablemente técnica -firmada por el vicepresidente Refugio Muñoz- a Melchi García para explicar tal situación. También hubo copia para los comisionados Luis Linares, Hermilo Ceja y al secretario ejecutivo Guillermo Vivanco. Pero ni siquiera se dignaron a contestarle a la representación de los traileros.
Obvio que si el “trámite” que la CRE se sacó de la manga se exige en las demás terminales privadas y en las de Pemex, usted ya se imaginará que pasará con el suministro de gasolina y diésel en las próximas semanas. Claro, ya encontrarán a quién culpar del desabasto.
Afores en lucha. Luego de que Iván Pliego Moreno, desde la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) rompiese el acuerdo para la reducción gradual de las comisiones por el manejo de los fondos de pensiones de ahorro para imponer un tope a manera de control de precios, diversas Afores han recurrido a la ley para defenderse de la violación evidente a las leyes de competencia económica y el daño que se puede inducir al patrimonio de millones de trabajadores. Pliego Moreno, fiel a las prédicas estatistas de los 50, hizo oídos sordos a todos los llamados para evitar un problema que crece como bola de nieve. No sólo Afore Azteca, que dirige Eduardo Parra, se amparó (y obtuvo suspensión provisional de aplicación general) contra la imposición; también Coppel, a cargo de Mauricio Alarcón, y Sura, que lleva Emilio Bertrán, están a la espera de suspensiones también de carácter general que evitaría el tope de comisiones de un arbitrario 0.57% establecido por la Consar. Vaya, los genios de esa comisión la fijaron con un promedio variopinto de las tasas aplicadas en EU, Colombia y Chile… sin considerar la realidad mexicana. Ojalá que el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, haga cumplir los acuerdos y evite la afectación al patrimonio de los ahorradores.
¿Y CANIRAC? El propósito de grabar con 2% bruto a los servicios de entrega a domicilio en la CDMX ya generó abiertos pronunciamientos en contra por el impacto que puede tener sobre el empleo de repartidores y el bolsillo de clientes: se han pronunciado Julio César Vega, director de la Asociación de Internet Mx, el representante de los repartidores (asociación Ni un Repartidor Menos), Saúl Gómez; la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Fintech de México; igualmente Enoch Castellanos, por Canacintra; José Medina Mora, por Coparmex; el Comce, de Valentín Díez Morodo y hasta la Concamin, que lleva José Abugaber. Sólo guarda silencio, extrañamente la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, de Germán González, pese a que sus agremiados deben mucho de su sobrevivencia a las plataformas digitales.
