Dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acotaron el debate público sobre el acuerdo presidencial, mejor conocido como “decretazo”, el cual blindaba la obra pública insignia del Gobierno de la auscultación pública; y zanjó la incertidumbre dentro del INE respecto a con qué recursos realizarían la consulta popular sobre la revocación del mandato constitucional del Presidente López Obrador.
Pero ninguna de las sentencias resolvió de fondo los apremios ejecutivos en ambos temas. La primera controversia la interpuso el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el máximo tribunal resolvió que parte del decreto se deroga y parte no. No habrá opacidad en la información sobre las grandes obras, pero tampoco trabas burocráticas o argucias legales que frenen su desarrollo.
La segunda controversia la interpuso el INE; el tiro le salió por la culata, ya que los ministros de la SCJN resolvieron que, si se reúnen al menos 2.8 millones de firmas que pidan la realización de una consulta para revocar o no, el poder presidencial, el INE estará obligado por ley a llevarla a cabo con su actual presupuesto.
No habrá pues dinero extra, las cuentas de los consejeros que demandaban la ampliación, en más de tres mil millones de pesos de su bolsa anual, sirvieron para nada. Podrán ahorrar, reasignar, pero no más.
Entonces, el “decretazo” de AMLO sobre sus obras consentidas quedó a medias. El Gobierno deberá satisfacer cada uno de los criterios legales existentes, antes que poder declarar como asunto de seguridad nacional las cuentas o los detalles de cualquier infraestructura. Al no poder hacerlo, todos tendremos salvaguardado el derecho para acceder a esa información.
Sin embargo, otras consideraciones como permisos ambientales, derechos de vía, licencias y reclamos de pobladores que se asuman afectados, de esas trabas sí quedarán exentas en lo inmediato las grandes obras, todo gracias al acuerdo presidencial. La resolución de la SCJN despeja de amparos judiciales el horizonte de la refinería de Dos Bocas, Tabasco; el Tren Maya, el Tren Transístmico y el Aeropuerto General Felipe Ángeles.
Y la consulta popular, que seguro reunirá las firmas necesarias; hay un operativo masivo de recolecta a través de singulares organizaciones de la bendita —ahora sí sociedad civil— como Que Siga la Democracia, a cuya vocera, Gabriela Jiménez, le maneja la agenda de entrevistas el área de comunicación social de ¡Morena!, también quedará a medias porque el INE avisa que acatarán el fallo de la Corte, pero la calidad del ejercicio será proporcional a los recursos dispuestos.
Difícilmente se instalarán las 161 mil casillas receptoras de votos que se programaron al inicio, la cobertura será nacional, pero la densidad de mesas receptoras menor a la prevista, no pondrá al alcance de todos la posibilidad, si es que les interesa, emitir su opinión.
Así, la revocación seguramente no alcanzará el 40 por ciento de participación para hacerla vinculante, pero la ratificación por aclamación quedará. Y eso es para AMLO, lo más trascendente.
