“Notaría abierta, juzgado cerrado”
Joaquín Costa
Los senadores de la República, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, y Ricardo Monreal Ávila, presentaron el pasado miércoles una propuesta de reforma al artículo ciento veintiuno de la Constitución Política, en materia de notariado, en la que proponen agregar una fracción sexta.
La propuesta de reforma obedece a las constantes críticas que se hacen a los gobernadores de los estados, por nombrar notarios de forma discrecional, nombrando personas que no tienen ninguna preparación jurídica y menos una preparación notarial, sin embargo, esta facultad la han utilizado por diversos motivos; en ocasiones, como un pago de favores, en otras, como un premio a su retiro de la política, e incluso se ha dicho que han llegado a vender las patentes de notario.
El Presidente López Obrador ha señalado que las prácticas de entrega de notarías por los gobernadores no se han dado durante su Gobierno, lo cierto es que gobernadores de todos los partidos lo hicieron, por ejemplo; Jaime Bonilla, de Morena, en Baja California; Jaime Rodríguez, El Bronco, sin partido, en Nuevo León; Silvano Aureoles, del PRD, en Michoacán, y Javier Corral, del PAN, en Chihuahua.
La importancia de la reforma propuesta es significativa en virtud de que los notarios tienen en sus manos gran parte de la certeza y legalidad de los actos que ante ellos se otorgan, por ello, es importante contar con notarios calificados jurídica y éticamente, y se puede lograr fomentando la carrera notarial, y mediante los exámenes de acceso al notariado.
La reforma propuesta parece que toma como modelo para examinar a la Ciudad de México, sin embargo, se podría mejorar, ya que actualmente una parte del examen es oral y de libre cuestionamiento por parte de los examinadores, lo que genera un grado de subjetividad, para evitar esto, se puede tomar como modelo el español, en donde los exámenes son más objetivos y las preguntas no dependen únicamente del examinador, son preguntas uniformes para todos los examinados, ahí hay una cuestión importante que no debemos de perder de vista.
Otra de las observaciones a la reforma constitucional presentada, se refiere al retiro de los notarios mayores de setenta y cinco años, a los cuales la reforma les otorga un plazo de doce meses para entregar su protocolo, aquí se puede cuestionar la aplicación retroactiva de la ley por afectar derechos adquiridos, pero por tratarse de una reforma constitucional, la única forma de atacarla sería mediante una acción de inconstitucionalidad, la cual es muy difícil que se produzca, ya que únicamente ciertos organismos pueden interponerla, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La reforma profesionalizará el notariado en lugares donde su calidad es muy cuestionada, y se podrá homogenizar la actividad notarial a nivel nacional, sin que pierdan los gobiernos locales la capacidad para regular su actividad, pero seguramente habrá resistencias y difícilmente los gobiernos de los estados querrán renunciar a los privilegios que han tenido por décadas. Es una gran oportunidad para avanzar en materia notarial.
