No es lo mismo un proceso de revocación de mandato requerido por el propio político implicado en la votación que uno en donde es el electorado quien auténticamente demanda su aplicación en un intento por echar a la calle a un gobernante de manera democrática. En el caso de Venezuela, múltiples encuestas señalan que 7 de cada 10 ciudadanos venezolanos están a favor de que Nicolás Maduro se retire del poder, pero la respuesta del gobierno ha sido intentar todo lo posible para evitar que se lleve a cabo una votación al respecto.
De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución venezolana, pasada la mitad del periodo de gobierno del presidente, existe la posibilidad de poner en marcha una elección para revocar el mandato si así lo solicita un número no menor a 20% de los electores, porcentaje que debe superarse no sólo a nivel nacional, sino en cada una de las regiones electorales, sin falta. Para poner en comparación este umbral de 20%, en México se requiere 3% del padrón electoral para activar el mismo procedimiento, por lo que es evidente que en el régimen venezolano esta primera aduana ya es en sí misma un desafío, pues requiere una intensa movilización ciudadana para echarse a andar.
El 10 de enero de 2022, Nicolás Maduro llegó a la mitad del mandato que ocupó después de las controvertidas elecciones de 2018 (cuyo resultado no fue reconocido por la mayoría de la comunidad internacional), por lo que diversas organizaciones opositoras presentaron oficialmente su solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La sorpresa para propios y extraños fue que el CNE resolvió estas solicitudes de manera exprés, pues el 18 de enero dio luz verde a la fase de recolección de apoyos, pero con un pequeño detalle: las mesas para la recolección de firmas sólo se colocarían un solo día y la fecha elegida sería 8 días después, el 26 de enero. Además, sólo se instalarían 1,200 centros de recepción de firmas, en comparación con las más de 14,000 locaciones que se colocaron en las pasadas elecciones. De esta manera, el régimen cumple de manera cosmética con la apertura del proceso legal, pero coloca todas las trabas posibles para evitar que se alcance el poco realista objetivo de conseguir 4.2 millones de firmas en sólo 12 horas.
Las organizaciones solicitantes ya se han inconformado y han declarado que no participarán en estas condiciones, pues cuando ellas apenas estaban trabajando el calendario y estrategias para la etapa de promoción y preparación para la obtención de firmas, la autoridad electoral (que se encuentra bajo el control del régimen de Maduro) las madrugó. Ésta no sería la primera vez que el régimen de Maduro boicotea un proceso de revocación de mandato, pues en 2016, cuando las manifestaciones ciudadanas obligaron a abrir el procedimiento de revocación y alrededor de 80% de los venezolanos estaba a favor de sacarlo del poder, el régimen de Maduro inventó supuestas irregularidades en la recolección de firmas y logró congelar todo el proceso. Lo hizo hace 6 años y, sintiéndose impune, va a intentarlo una vez más. Qué diferentes son las cosas cuando la sociedad sí es la que solicita la revocación de mandato.
