En el Senado de la República, como le platiqué a inicio de esta semana, existe la intención de atajar lo que se consideran abusos de los concesionarios de servicios ferroviarios, máximo cuando algunas de esas empresas están en procesos de consolidación continental como la que acontece entre el Canadian Pacific con Kansas City Southern … y como se ha filtrado a los círculos financieros y legislativos, la pretensión del Union Pacific, al mando de Lance Fritz, para aumentar su participación accionaria en GMéxico Transportes, de Germán “el buena onda” Larrea y dirigido por Fernando López-Guerra Larrea, que a su vez controla al Ferrocarril Mexicano.
El asunto no es qué pueden o no hacer inversionistas privados (nacionales o extranjeros), sino la suerte del beneficio obtenido en una transacción que involucra una concesión otorgada por el Estado Mexicano. Los legisladores estiman que Grupo México pagó por la concesión en 1997 lo equivalente a unos 16,300 millones de pesos a valor presente y que, considerando la tasa de utilidad de operación anuales de 30% promedio, Larrea y Union Pacific habrían recuperado la inversión total entre 2004 y 2006… quedando más de 40 años de beneficio de la concesión, además de contar con la posibilidad de extenderla otros 50 años más.
GMéxico Transporte y Ferromex señalan en sus reportes anuales inversiones acumuladas por más de 8 mil millones de dólares, con lo que argumentan se ha mejorado el servicio de transporte terrestre de carga. Las estimaciones legislativas, sin embargo, apuntan que la inversión en la infraestructura concesionada por el Estado —las vías— no supera los 2 mil millones de dólares.
En otras palabras, que el uso de la vía y del trazo (que proviene de la época de Porfirio Díaz) no ha recibido la inversión requerida para mantener en óptimas condiciones un activo propiedad de la nación, aunque generando pingües ganancias privadas. Y claro, sí GMéxico llega algún acuerdo con Union Pacific, el Estado Mexicano tendría que llevar parte.
Tome nota.
Tulum, apañe en el paraíso. Quien ya trae ganas de eternizarse en el cargo es David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum que instrumenta todo tipo de argucias para reelegirse otros tres años y seguirse sirviendo de los asociados en lugar de servirles: Ortiz Mena inhibió una elección democrática el pasado 14 de enero, durante la Asamblea General de asociados donde como juez y parte desacreditó a la planilla opositora liderada por Verónica Genovali, al tiempo de autoexonerarse de cualquier falla que haya cometido los 3 años previos. El presidente autorreelecto (con su camarilla) carece del reconocimiento de hoteles icónicos de Tulum, por lo que ha provocado un cisma entre los empresarios del ramo que ya analizan las acciones legales que tomarán ante quien se perfila como un Fidel Velázquez versión tropical.