El cambio en los estatutos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), impuesto por Conacyt, con apoyo de cuatro miembros de la Asamblea de Asociados (las secretarías de Energía, Hacienda y Educación, y el Fondo de Cultura Económica), la abstención del Banco de México y la oposición de El Colegio de México y la Secretaría de Economía, es otra muestra más del creciente rechazo al diálogo, como mecanismo de edificación de consensos en la vida pública del país.
El diálogo es un instrumento ineludible en diversas esferas de la vida pública, pero, sobre todo, en la académica y universitaria. Una institución de ciencias sociales y educación superior no se puede dirigir sin tomar en cuenta la diversidad de posiciones que caracteriza al pensamiento actual. Las ciencias sociales son un conjunto de saberes esencialmente plurales, sobre todo, en una época de crisis simultánea de varios paradigmas ideológicos.
La gestión pública de las humanidades no podría emprenderse, con un mínimo de eficacia, sin la conversación entre los miembros de la comunidad académica. ¿Cómo puede aspirarse a dirigir una institución como el CIDE, sin un diálogo con sus respectivas divisiones y órganos colegiados, o sin una comprensión de primera mano de la experiencia de investigadores, profesores y estudiantes, que han dado vida a ese centro educativo en las últimas décadas?
Se insiste, desde las autoridades federales, en que el CIDE no es un organismo autónomo sino un centro público de investigación y docencia. Es cierto, pero la autonomía no se limita a estatutos jurídicos originarios. La autonomía va más allá de la condición jurídica de cada plantel, en relación con el poder federal. Lo que define la autonomía es una práctica política diaria dentro de cada comunidad académica. Tan es así, que este cambio de estatutos busca mermar la autonomía real del CIDE, a pesar de ser una dependencia del Gobierno federal.
Con la modificación de los estatutos, en contra de la voluntad mayoritaria de los miembros de la institución, se está reconociendo que el CIDE posee una independencia incómoda. La arbitrariedad pone en evidencia un afán de control, que va más allá de una administración de las ciencias sociales, puesta en función del avance del conocimiento científico y su aplicación al desarrollo integral del país.
Es difícil no relacionar el desinterés oficial en el diálogo institucional, como vía de consolidación del trabajo académico, con la deslegitimación de sectores intelectuales que constantemente se lanza desde la Presidencia de la República. La equivocada caracterización de una comunidad académica plural con rótulos imprecisos como “conservadurismo” o “neoliberalismo”, es el punto de partida de ese rechazo al diálogo. Si toda una comunidad académica es colocada en el bando de los enemigos, desde el poder presidencial, es lógico que predominen la incomunicación y el rechazo en el trato con la institución.