“Ley de Keops: no hay obra que termine dentro del plazo o del presupuesto fijado”
Robert Heinlein
La Constitución Política de la República protege los derechos humanos y ofrece garantías para su protección, como lo señala el artículo primero: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
El Estado mexicano debe garantizar lo consagrado en la Constitución, con personal capacitado y suficiente, instalaciones adecuadas, e implementación de protocolos de actuación, para todo ello se requiere de un presupuesto que alcance para operar eficientemente, ya que sin recursos suficientes no puede haber una apropiada impartición de justicia. En esta materia, sin un presupuesto suficiente no se pueden cubrir salarios para que un Ministerio Público, un Policía o un Juez puedan vivir con las comodidades necesarias, o incluso cubrir necesidades básicas, por lo que no sería posible contratar personal calificado y honesto, resultando en un sistema de justicia de bajo nivel que nos repercute a todos los mexicanos.
Durante los últimos años se han realizado reformas jurídicas trascendentes, la primera fue en el año 2008, con la reforma penal, cuyo objetivo fue transformar un modelo inquisitivo en un modelo acusatorio, bajo un sistema oral y público, garantizando la observancia y el respeto de los derechos humanos de las partes; sin embargo, a la fecha dicha reforma no ha podido ser totalmente implementada por falta del presupuesto para instalar las salas adecuadas para llevar a cabo los juicios y tampoco se ha podido concluir la capacitación de los jueces para que puedan conducir correctamente este tipo de procesos.
La segunda gran reforma judicial se realizó en 2019, con la reforma laboral, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y siendo sustituidas por Tribunales Laborales, que dependen del Poder Judicial, con lo que se pretende que la impartición de justicia sea más rápida; también se cambió la forma de elección de los líderes sindicales para que ahora sea mediante un voto personal y secreto; no obstante, hasta ahora no se han podido terminar de realizar todos los ajustes, no se han creado los juzgados suficientes, tampoco se cuenta con los jueces necesarios para cubrir el número de juzgados, ni se han realizado los nuevos cambios de dirigencias sindicales, por lo que se ha empantanado la gran reforma judicial.
Una de las mayores demandas de los mexicanos es la impartición de justicia, que sea rápida y expedita, la cual hasta ahora no se tiene, principalmente, por falta de recursos materiales y humanos, sin un presupuesto suficiente no puede haber justicia para todos y menos en los lugares remotos del país, es una cuenta pendiente muy importante para que haya Estado de derecho.