No está usted para saberlo, pero que hace un par de días se retiraron de nuestro país los inspectores de la Federal Aviation Administration injertados en pantera, muy enojados, tras considerar que es “inexistente la autoridad aeronáutica en México”, falta de seriedad, de seguimiento y de capacidad para resolver los 28 hallazgos que encontraron hace un año como debilidades de la Agencia Federal de Aviación Civil que dirige Carlos Rodríguez Munguía… y ese mismo reporte es el que ya enviaron al despacho del director de la FAA, Steve Dickson.
En otras palabras, se ve muy cuesta arriba (o con vientos de frente) que la autoridad aeronáutica de EU incremente de Categoría 2 a 1 en el mes de julio próximo como esperaba la SICT. Habrá que esperar otro espacio de tiempo, nos dicen, para que la FAA decida qué hacer en este caso, lo cual podría derivar en una próxima auditoría integral para definir si la autoridad aeronáutica mexicana merece o no el upgrade…, lo cual llevaría eventualmente hasta 2023 el ascenso a la ansiada Categoría 1.
Lo dramático del asunto es que en la degradación de hace un año, la FAA encontró las mismas deficiencias que nos costó la más alta categoría en 2010; el aquel entonces Dirección General de Aviación Civil, señaló el reporte, carecía de continuidad en la supervisión de la seguridad de las compañías aéreas certificadas; no cumplía normas internacionales de clasificación técnica y capacitación; falta de técnicos calificados; carencia certificada de manuales internos y suficientes inspectores, así como procedimientos para expedir ertificados de operación, ni presupuesto.
Pero ahora el asunto se ha hecho extensivo, pues alcanza las posibilidades de que el aeródromo de Santa Lucía pueda recibir vuelos internacionales. Vaya, parecería que la AFAC, así como los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Nacional, actúa en contra del propósito de Andrés Manuel López Obrador de que la terminal aérea posea un creciente número de operaciones.
Incidentes como el acontecido el 23 de marzo (a dos días de la inauguración) que involucró el vuelo 1013 de Volaris que dirige Enrique Beltranena, que tuvo que “irse al aire” por obras que se efectuaban en pista sin que hubiese radiocomunicación con la cuadrilla de trabajadores, revelan la ausencia de una autoridad rigurosa en materia de seguridad.
Los más afectados por el desorden oficial son las aerolíneas mexicanas (Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa; Viva Aerobus, a cargo de Juan Carlos Zuazua, y Volaris) pues no podrán elevar sus itinerarios al vecino país en plena temporada vacacional.
El asunto es de toda urgencia para el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons.
Regresa el Cártel de los Chupasangre. Pues que hoy es el feliz retorno de los prestadores integrales de salud para ofrecer sus “buenos oficios” a petición del ISSSTE: al no lograrse obtener el equipamiento ni desarrollar la infraestructura ofrecida, los contratos para servicios de estudios de radiología, diálisis, hemodiálisis y laboratorio, el instituto tiene previsto ampliar todo 2022 (y hasta entrado 2023) los contratos con firmas como Selecciones Médicas, de Francisco Pérez Fayad; Falcón, de Noé Ramírez; Dicipa, de Francisco Pallach; Impromed, de José Fernando Cheín; Hemoser, de Ignacio Higadera; y Centrum, de Valentín Campos. Todos ellos cobran entre 40% y 100% más de lo que cobra el IMSS, pero facturarán unos 4 mil millones de pesos por “salvar” el servicio de salud a los trabajadores del Estado, pese a las investigaciones, grabaciones que los involucran e incluso las sanciones que les aplicó la Comisión Federal de Competencia. Parece que Los Chupasangre ya se acomodaron bien y bonito
Aguascalientes, decisión caliente. Hoy es un día intenso para José Miguel Zambrano, coordinador de organización electoral del Instituto Electoral Estatal de Aguascalientes, así como para su director administrativo Benjamín Urzúa, y para Benilde Magaña, a cargo del Órgano Interno de Control: tienen que decidir el resultado de la licitación LPN-IEE-02-2022 para la adquisición de documentación y material electoral para las elecciones del próximo 5 junio del 2022. El fallo debieron darlo el martes, pero lo pasaron extrañamente este jueves.
Compiten por ello Corporativo Zeg con una oferta de 5.9 millones de pesos; le sigue Cajas Graf con un monto de 4.7 millones de pesos y Formas Finas y Materiales con oferta de 4.2 millones de pesos.
Veremos si gana la transparencia.
